El caso peruano, ejemplo feroz y develamiento de la subordinación
canina de la administración de Ollanta Humala al imperialismo
norteamericano en materia de persecución política.
Otra
costilla de la crisis y verdadero rostro del llamado “gobierno
progresista” de Argentina y el carácter del tipo de hegemonía del
capitalismo en curso en el planeta.
‘La palabra asilo, de
origen griego, está compuesta de la partícula privativa "a" y el verbo
"sylao", capturar, violentar, devastar. Textualmente significa "sin
captura, sin violencia, sin devastación".’
Waldo Villalpando
por Andrés Figueroa Cornejo
Eduardo
“Negro” Soares es el abogado paradigmático en la defensa de los
Derechos Humanos nacionales e internacionales en Argentina
(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153736) y coordinador de la
Gremial de Abogados. Responsable de la defensa contra la extradición sin
pruebas demandada por el gobierno de Ollanta Humala del periodista
peruano Oswaldo Quispe -actualmente con arresto domiciliario en Buenos
Aires luego de permanecer en la cárcel durante largos meses
(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183273)- realiza un análisis a
fondo sobre el peligroso giro político de la Argentina en materia de
refugio político.
“La Gremial de Abogados que conduzco ha
participado en los diversos casos de extradición de los hermanos
peruanos”, arranca “El Negro” Soares, “Allá, todo tipo de luchador
popular es objetivo potencial de ser sometido a un juicio de
extradición. Si el Estado peruano logra ganar alguno de esos juicios, a
los extraditados les esperan años de presidio. La justicia peruana está
absolutamente subordinada al poder político, a diferencia de la
Argentina donde el Ministerio Público es independiente del Ejecutivo
política y administrativamente. En Perú, la justicia depende del
Ministerio del Interior hasta administrativamente.”
-¿Cómo opera?
“Si
existe algún peruano en cualquier lugar del mundo solicitando asilo
político es detectado por el Estado del Perú y pide su extradición, con
éxito o sin éxito según diversas variables. Hasta el momento, la
Gremial de Abogados ha triunfado frente a las extradiciones. Esto,
naturalmente, también tiene que ver con la propia Argentina, su gobierno
y su justicia. Sin embargo, lo anterior ha cambiado sustantivamente
desde hace poco más de la última década.”
-¿En qué sentido?
“Pondré
un ejemplo. Hoy estamos defendiendo al abogado peruano Juan Manuel
Carranza Laurel. Él se vino a la Argentina en 1998, pidió refugio
durante el gobierno de Carlos Menem y se lo otorgaron. Es decir, Juan
Manuel Carranza obtuvo el refugio en el marco de una administración del
Estado argentino que nosotros estábamos enfrentando duramente debido a
que era el vehículo de las violentas políticas privatistas y
ultraliberales que hasta ahora golpean a la mayoría de la sociedad del
país. Incluso durante lo poco que gobernó De la Rúa, el Estado mantuvo
la línea histórica argentina de promoción del refugio solidario, asilo y
contra la persecución de toda persona de cualquier sitio del planeta a
lo largo de alrededor de 150 años. Pues bien, el abogado Carranza partió
a España donde el Estado peruano solicitó su extradición, tal cual lo
había hecho acá. En España perdió el juicio de extradición y Carranza
retornó a la Argentina donde ya no estaba el menemismo, sino que el
“progresismo”. Entonces, “los compañeros”, le negaron el refugio y lo
sometieron a un juicio de extradición. Este caso sintetiza la nueva
política de no refugio que barre un siglo y medio de solidaridad
internacional.”
-¿Cuál es la fórmula ahora?
“Hoy, todo
aquel que es acusado de “terrorista” en un país con que Argentina
sostiene relaciones económicas y políticas es entregado al Estado
requirente. Juan Manuel Carranza en Argentina se presentó a la Comisión
Nacional para Refugiados (CONARE) para recordarle que él contaba con
refugio acá con el fin de que se lo convalidaran. Pero no sólo lo
metieron preso, sino que además no le reconocieron el refugio que le
dieron en el gobierno de Carlos Menem. La misma cosa ocurrió con los 6
prisioneros políticos paraguayos
(http://vientoencontra2009.blogspot.com.ar/2013/05/visita-los-seis-presos-politicos.html).”
-¿Y en la situación del comunicador social peruano Oswaldo Quispe?
“En
su caso, salió el Secretario General de Seguridad la Nación, Sergio
Berni, a decir públicamente que Oswaldo “es un terrorista y nosotros lo
vamos a entregar”. En general, con todos los refugiados peruanos, hemos
conocido el los expedientes donde se señala explícitamente que el
gobierno argentino le comunicó al peruano que tal persona estaba
solicitando refugio.”
-Ante el fin de una tradición solidaria de Argentina, ¿qué hacer?
“Cualquier
persona perseguida que llega a la Argentina y nos viene a consultar qué
puede hacer, yo hace 20 años le recomendaba que fuera a la CONARE donde
se le otorgaba inmunidad, refugio y ya. Ahora si la misma persona parte
al CONARE, esa institución se comunica con el Ministerio del Interior y
al día siguiente está presa. Hasta ahora, nuestra Gremial de Abogados
le ha ganado a Baltazar Garzón, y legalmente podría ser mucho más
sencillo hacerlo frente a la justicia peruana, mucho más torpe, bruta y
sin fundamentos. ¿Qué quiero decir? Jamás podemos dividir la lucha
judicial de la solidaridad activa y de la política. Es imposible.”
-¿Hay alguna diferencia entre el actual Ejecutivo y los intereses que están detrás del Grupo Clarín en este plano?
“Ninguna.
Y no se trata de que Menem “fue bueno” y daba refugio y ahora el
gobierno “es malo” y no lo da. El tema central es que en tiempos de
Menem estaba tan cerrada la puerta respecto de la política de asilo
histórico en Argentina, que era imposible que ocurriera otra cosa. Lo
gravísimo es que en el presente ya se abrió una puerta que significa una
ruptura política que sólo fortalecerá la extradición y el
aniquilamiento de la solidaridad internacional del Estado
argentino.”
CUANDO TODO DISENSO ES TIPIFICADO DE “TERRORISMO”
El
peruano Diego Rayme es Presidente de la Asociación Internacional de
Refugiados Solidaridad con sede en Argentina e indica que “Hoy en el
mundo se está desplegando un proceso de criminalización de la lucha
popular a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001 (Torres
Gemelas, EE.UU.), impulsado por el imperialismo norteamericano y en
connivencia con gobiernos del planeta. O sea, toda lucha del pueblo en
la actualidad es calificada y tratada como “terrorista”. De tal modo,
que cualquier movimiento popular que exige sus derechos cae en esa
denominación.”
-¿Qué ocurre en Perú?
“En Perú, la
situación es bastante compleja. Todavía el presidente Ollanta Humala por
varios sectores de la población peruana es caracterizado,
paradójicamente, como una cabeza administrativa “nacional, popular,
progresista y democrática”. Humala ha traicionado una a una las promesas
que lo llevaron a capitanear el Ejecutivo. Aunque ahora suene fácil
decirlo, nosotros/as lo denunciamos en la Argentina incluso antes de que
asumiera el 28 de julio de 2011. Perú en estos momentos está en crisis
producto de la embestida minero-extractivista (el principal es el
proyecto Conga, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183705). Nosotros
no somos anti-mineros por principio. Estamos en contra de los efectos
del saqueo de los recursos naturales, la consiguiente destrucción de
comunidades indígenas y campesinas, de sus derechos y del agua que
precisan para vivir.”
-¿Y la respuesta del pueblo consciente?
“El
pueblo peruano está llevando adelante 215 luchas en los distintos
departamentos del país. El 70% está asociado al extractivismo minero. El
control del saqueo minero está en poder de corporaciones
norteamericanas, canadienses y en un 32%, chinas. Por eso nosotros
consideramos que enfrentamos una nueva oleada de acumulación y
explotación originaria
(https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm). Ello se
observa cuando todos los proyectos mineros son aprobados inmediatamente
en Perú, y muchos de ellos se ejecutan a sangre y fuego. Y como existen
fuertes resistencias populares, el Estado echa mano a la represión. Al
día de hoy, el gobierno de Humala suma 40 muertos por esta causa, todos
caídos por balas policiales. Asimismo, los trabajadores de la salud y la
educación expresan permanentemente su descontento en las calles. Vastos
sectores de la sociedad permanecen en pie de lucha a pesar de la
violencia estatal y de ser tipificados y recibir el trato de
“terrorista” ante cualquier disenso.”
-¿Cuál es la cobertura legal que emplea la administración-Humala?
“En
enero de 2014 fue aprobado un proyecto de ley que le ofrece
discrecionalmente al Estado todas las facultades para asesinar en este
tipo de conflictos, con la subsecuente impunidad para los uniformados.
Si embargo, la persecución política es abierta desde hace tres años. Por
ejemplo, los profesores ex prisioneros políticos de la década de los 80
y comienzo de los 90 que no firmaron su “arrepentimiento”, y luego de
15 a 20 años de cautiverio en condiciones inhumanas continúan siendo
hostigados y privados de su derecho al trabajo. Por protestar
obstruyendo las calles, la ley castiga con 5 años de cárcel. En resumen,
usan tanto la ley antiterrorista, como la vigente constitución impuesta
por el ex presidente Alberto Fujimori, un sujeto que está preso por
crímenes de lesa humanidad.”
-¿Y económicamente?
“Existe
un crecimiento sostenido para las grandes empresas que ni siquiera gotea
hacia la inmensa mayoría de la comunidad. Y el panorama sindical es un
desastre debido a las políticas ultraliberales en carrera desde hace,
por lo menos, dos décadas. No hay trabajo seguro, no hay seguridad
social, abunda la sobreexplotación.”
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