Ley de Medios: ¿Avance o ajuste de cuentas?

Ajuste de cuentas. Venganzas. Retribuciones. Protección mafiosa. Ignorancia. Ingenuidad. Mentiras. Abusos. Idealismo. Buenas intenciones que empedraron el camino del recorte de la libertad de expresión. Compra- venta de votos. Abusos de autoridad. Sectarismo y más destilaron los “debates”entre sordos sobre la “Ley de Medios” para unos y “Ley de Control de Medios” o “Ley de Medios K” para otros. Los culpables: el gobierno y la oposición burguesa. Lo que pudo ser una ley progresiva terminó siendo... un ajuste de cuentas.
Una ley que, de verdad, contenía algunos puntos positivos como la limitación de la hegemonía informativa, el recorte de propiedad de multimedios entre otros, pero que introdujo absurdos requerimientos sobre contenidos y mantuvo un control desproporcionado del gobierno sobre las decisiones cruciales para su aplicación.
Una ley que, por un lado suscribió la multiplicación de propietarios sociales y económicos de medios audiovisuales pero no produjo un solo resquicio para que esa propiedad pase a manos del pueblo otorgando los recursos para hacerlo.
En su lugar se cerraron puertas a algunos capitales para reproducirse aun más, pero abrieron las puertas en pleno a otros para compartir la dominación de la información dentro de una clase de la sociedad: la fragmentada burguesía.
Una ley que abre el camino no solo a la lucha del poder entre fracciones de la clase dominante sobre el control de la información, sino que dará como resultado la multiplicación de medios dispuestos a injuriar, calumniar y desprestigiar a los opositores de turno y a un periodismo más servil, de baja calidad e irrelevante.
La política es concreta. Se corporiza en instituciones, partidos, dirigentes políticos y gobernantes que aplican las leyes y usufructúan sus beneficios. La ley abre las puertas, correctamente, a ONGs, Universidades y organizaciones sociales como los sindicatos. ¿Pero de dónde sacarán los millones necesarios para una televisión o radio efectiva las ONG? De los subsidios estatales, es decir gubernamentales, o las inversiones disfrazadas de fondos buitres de la economía. Lo mismo con las universidades.
¿Cómo será una radio o una estación de televisión dirigida por la burocracia sindical que domina los sindicatos mediante el fraude y la violencia y que los utiliza para enriquecer a los dirigentes a costa de la pobreza de los trabajadores?
¿Por qué se incremento la posibilidad de medios controlados por la Iglesia Católica y los intereses de industriales y grandes comercios que priorizan los negocios con el propio estado y los gobiernos de turno?
La respuesta es obvia, para asegurarse el apoyo o al menos la neutralidad de las corporaciones patronales y de la religión “oficial”. Es de destacar que la Iglesia católica sería la única autorizada legalmente para poseer medios de ahora en más.
¿Por qué se dejo de lado a los periodistas y sus organizaciones y no se puso resguardos y protecciones de los contenidos elaborados por los periodistas? Aquí también la respuesta es obvia: porque en la discusión de la libertad de expresión no se considera actores fundamentales a proteger ni al consumidor ni al periodista.
¿Por qué se otorga a cada gobierno de turno la posibilidad de reabrir, al menos dos veces en cada mandato, la postergación de licencias al hacerlas bienales – aunque el texto dice bianuales que significa dos veces por año?
Se quiere romper la hegemonía informativa de dos o tres grupos de multimedios que controlan en gran medida el mercado. Según el ex gobernador, y ahora Senador Saadi, es para evitar que a otro le pase lo que a él, cuya provincia fue intervenida por el desastre causado por el asesinato, y el posterior encubrimiento, de un asesinato que destacaron los medios de prensa.
Se dice que una senadora de Corrientes cambió su voto a último momento para garantizarle a su gobernador la impunidad ante la investigación de un asesinato. Otros, más procaces, cambiaron sus votos por la aprobación de medidas financieras que favorecieran a sus “home offices” como en el caso de los dos senadores de Tierra del Fuego que esperan ahora el pago en la forma de votación de la nueva ley sobre privilegios a la provincia para el armado y fabricación de electrónicos.
¿Y que le dieron al genocida Domingo Bussi para que su senador por Tucumán votara por la ley cuando había dicho también que se oponía a ella?
Hugo Moyano, jefe de la CGT, se restregaba las manos. Ahora podrá seguir publicando y distribuyendo por TV y radio, las calumnias e injurias contra la izquierda, los delegados y comisiones internas combativas y promocionando el congelamiento de causas como la de la Triple A que podrían comprometerlo a él y muchos otros directivos de sindicatos. Claro que ahora podrá amplificar esa canallada a través de medios propios o medios amedrentados por las consecuencias que podrían traerle disidencias con el burócrata.
La nueva ley no hizo absolutamente nada por cambiar la distribución de la millonaria pauta publicitaria gubernamental, de miles de millones, y esta seguirá en manos en forma arbitraria de esa institución de propaganda que es la agencia Telam.
Muchos de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática están incluidos en el texto de la Ley. Pero son puntos declamatorios que quedan a disposición de la aplicación por parte del gobierno y de interpretación por parte de funcionarios mayoritariamente nombrados por este. Aquellos bien intencionados que apoyaron la iniciativa se llevan como premio una declaración de deseos sin posibilidad de aplicación.
Para satisfacer a los “progres”que apoyaban una democratización más o menos real de los medios audiovisuales, el gobierno de CFK removió de su propuesta, temprano en el debate, el articulado que permitía la adquisición de medios por parte de las telefónicas, mayormente de capitales extranjeros. Pero al hacerlo no aceptó sino una posposición de la propuesta. Luego de aprobado su proyecto en Diputados y Senadores, el Ministro Aníbal Fernández afirmó que el asunto de las telefónicas seria reabierto en dos años.
Uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo fue que era necesario que la “democracia” derogara una ley de la dictadura que no había podido re formular en más de un cuarto de siglo desde la caída de esta. El peso del argumento era que era un decreto basado en la “hipótesis de conflicto”de los militares de derrotar la “subversión ideológica” en los medios de difusión.
Un argumento genuino, democrático, que fue sin embargo bastardeado por la permanencia en el texto de la ley de articulado proveniente de la ley de la dictadura y por el hecho, nada fortuito, que se otorga al gobierno de turno la potestad de controlar las licencias arbitrariamente.
¿Quién debería controlar las licencias? En una situación ideal, los trabajadores y el pueblo, que en palabras de Pino Solanas son los verdaderos dueños de las frecuencias que no pueden ser concesionadas a perpetuidad, y menos aun a intereses económicos y políticos burgueses, capitalistas.
No nos hallamos en una situación ideal, sino viviendo en un sistema y un régimen determinados, capitalista y burgués. Pero aun dentro de el se debe batallar por una aproximación a lo que sostenemos. Una verdadera reforma hubiera constituido una autoridad pública, no gubernamental. Una especie de directorio electo simultáneamente a los diputados, que no fueran impuestos por el ejecutivo.
¿Algo excesivo? ¿Revolucionario? De ninguna forma, solo un poco mas democrático. Si se considera que en los EEUU, la cuna del capitalismo y donde la democracia se halla limitada al bipartidismo, existen docenas de autoridades de aplicación sobre empresas e industrias autárquicas que son elegidas por el voto directo de la sociedad civil, se comprenderá lo limitado de una reforma que, aun así, este gobierno, y esta oposición, se negaron a transitar. Prefirieron tomar los elementos más antidemocráticos de otras latitudes y ninguno de los reaseguros democráticos de aquellas.
Véase sino como funcionan distritos de transporte y otras entidades reguladoras en diferentes estados de los EEUU y de Europa. Incluso la muy antidemocrática Federal Communications Comission (o FCC) de los EEUU, tiene 5 miembros nombrados por el Presidente, no más de 3 del mismo partido y que deben ser confirmados por el Senado de la misma forma que los jueces o los ministros o secretarios del gobierno. En la ley de medios Argentina, los miembros de la comisión pueden ser potencialmente todos del mismo partido y no requieren confirmación del Senado.
Es cierto lo que dice Pino Solanas que las ondas de radio y TV son sociales y el pueblo y el estado no solo tienen el derecho sino la obligación de mantenerlas para él y regularlas para beneficio social. De hecho, en una sociedad ideal, la simple idea de la privatización de los canales de transmisión de los medios audiovisuales es antagónica con su propiedad social inalienable. Pero el estado es el estado de una clase dominante y lo que el haga no es neutral en relación a las otras clases sociales. No se puede hacer política basado en términos de propiedad social pero con un estado que tiene un origen y propósito clasista.
Basado en esa contradicción, la llamada centro izquierda se dividió en la Cámara de Diputados y acompañó el debate mayoritario de los Senadores. Oportunistas como los miembros del SI (Solidaridad e Igualdad) trocaron por beneficios electorales su apoyo a la ley y Sabatella y los suyos demostraron que, en las cuestiones centrales de la política, actúan como una colectora ideológica del Kirchnerismo.
Si hubiera diputados y senadores de izquierda, estos deberían disputar el terreno de la polémica, no encerrarse en los términos del debate burgués. No es asumiendo las quejas de la burguesía opositora (De Narvaez, Sola, Reutemann, Carrió y la UCR) de que el centro de la discusión son los puntos de cómo elongar las licencias o establecer “la seguridad jurídica”frente al potencial desplazamiento de unos propietarios por otros.
El verdadero debate hubiera sido, y todavía es, una ley de medios audiovisuales que preserve el carácter social del espacio de radiodifusión con un control social, comunitario y político publico, por fuera de la esfera meramente gubernamental; una ley de radiodifusión que de a los trabajadores de los medios mayor control sobre contenidos y propiedad de esos contenidos, protección para su elaboración libre, derecho a replica irrestricto, capacidad financiera de partidos, organizaciones sociales y otras para poder competir sin el corsé ideológico del capital burgués o la dádiva selectiva del estado, también burgués.
La distribución de la pauta estatal debería darse con un sistema ciego, basado en la existencia y control social de los medios y en forma igualitaria y sin condiciones ideológicas o políticas, controlada por una autoridad publica, democráticamente elegida en lugar de ser administrada como hasta ahora, arbitrariamente por una oficina gubernamental.
La oposición burguesa se propone modificar esta ley, volviéndola obsoleta después del 10 de diciembre donde aspiran a tener una mayoría en el Congreso. Los grandes grupos de medios ya han iniciado juicios multilaterales para evitar su aplicación o modificarla judicialmente. No sabemos, por ahora, la extensión de esta ofensiva ni sus resultados finales.
Pero si se abre un nuevo debate hay que re introducir en la sociedad como debería haber sido esta Ley desde un primer momento y no en los términos que se ha dado hasta ahora. En esa obligación se encuentra la izquierda, desde la radicalizada hasta la nacionalista o centro izquierda, los sindicatos, organizaciones sociales y los actores que deberían impulsar los cambios y no simplemente optar por la preservación de lo malo o las modificaciones de lo peor.Simón Morales (IZQUIERDA.INFO)