(Colectivo Avanzar)
El medicamento es un bien social, se dice por ahí. Es decir, algo que debería estar disponible para quien lo necesite en el momento adecuado. Pero he aquí que estamos en una sociedad capitalista y al tratarse de una mercancía, solo está a disposición de quien pueda adquirirla en el mercado.
Aquí es donde vemos una de las facetas más bárbaras del capitalismo: millones mueren en el tercer mundo todos los años por no disponer de fármacos, la mayor parte de las veces de bajo costo.
Para colmo de males, la producción de estas mercancias está en pocas manos: los grandes monopolios farmacéuticos, que encabezan una de las más rentables industrias de nuestro injusto y desigual sistema social.
En Argentina y en otras épocas se trató de regular algo este estupendo negocio. El gobierno de Arturo Illia logró promulgar en 1965 la Ley de Medicamentos 14642 de su ministro de Salud Dr. Arturo Oñativia. La Ley promovía la toma de conciencia del medicamento como bien no intercambiable, el precio regulado por el estado debería garantizar el acceso a la población. Se prohibía la publicidad y se establecían pautas de comercialización y distribución. Establecía una política de precios y de control de medicamentos, fijando límites para los gastos de propaganda y se imponían límites al pago de regalías al exterior.
Sin duda esta fue, junto a la anulación de los contratos petroleros antinacionales de Frondizi, una de las causas del golpe de Onganía en 1966.
Quedó en claro que no es posible moralizar un prostíbulo.
Algunos números
La industria farmacéutica en Argentina representa el 4,7% del valor agregado total y el 3,2% del valor bruto de producción. Es la segunda actividad de importancia en el valor agregado y la octava en monto de facturación.
Los laboratorios extranjeros representan el 28,7 % del total y participan del 45,5 % de las ventas. Apenas el 14,7% de los laboratorios pertenecen a un grupo económico. Sin embargo representan el 47 % del monto global de la facturación. El 20% de las firmas (los primeros 30 laboratorios) concentran el 78,43% de las ventas. Poco más de un cuarto de las firmas (los primeros 40 laboratorios) concentran el 86,68 % de las ventas. La concentración se hace más evidente al observar que el 40 % de las firmas se apropia del 94,26 % del sector. El 60 por ciento restante solo concentra el 5,74 % de las ventas.
La estructura de la industria es monopólica o en el mejor de los casos oligopólica. Existen fármacos producidos por un solo laboratorio.
Utilidades astronómicas
Esta gran concentración del capital se traduce en precios abusivos, con una tasa de ganancia brutal. El estado no regula nada en la materia. Estado bobo para el pueblo pero nada inocente para asegurar tremendos beneficios a los pulpos del sector. Veamos algunos ejemplos.
En el piroxicam, la amlodipina, el enalapril o la amlodipina el precio final de la droga supera entre un 4 mil y un 12 mil por ciento el costo de las mismas.
En el caso del diazepan, conocido ansiolítico, Roche consigue una utilidad del 20 141 por ciento respecto al costo a través de su marca Valium. Roemmers, más modestamente (el laboratorio de mayor monto de venta) obtiene una renta del 15905 por ciento respecto a su costo y en la misma droga a través de la marca Plidan.
El ibuprofeno, popular antitérmico y analgésico, a través de la marca Febratic, le da a Roemmers una rentabilidad del 1557 % mientras que Bayer se asegura un nada módico 1210 % a través de la marca Actron.
Los precios que se cobran en el país suelen ser superiores a los que los mismos laboratorios cobran en el exterior. Por ejemplo el laboratorio Roche imputa en Argentina un precio que supera entre un 60 % y 90 % el precio que sobre el mismo medicamento vende en España.
El estado Nac and Pop
Por supuesto que el gobierno kirchnerista no ha hecho nada para cambiar este estado de cosas. La prescripción por genéricos no ha alcanzado a rozar a las multinacionales y nada ha habido en materia de intentar regular el latrocinio perpetrado por los grandes laboratorios aunque fuera a través de algún mecanismo de control de costos y precios de venta.
El convenio PAMI-Industria permite a los pulpos mantener cautivo el mayor mercado de consumo farmacológico: el de nuestros viejos. Mientras que el costo de los sobreprecios lo pagamos entre todos. Los trabajadores, los pobres, subsidiamos las ganancias espectaculares de estos empresarios "exitosos".
Este es un ejemplo más del capitalismo en serio que nos vende la compañera Cristina: utilidades a cualquier costo, concentración y monopolio. Mientras el estado sanitario de la población deja mucho que desear, lo importante es que florezcan los grandes negocios en esta nueva Argentina para todos.
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