Megaminería: La Cria del proceso

(Colectivo Avanzar)
La actualidad que sume la megaminería nos permite dar un ejemplo del continuismo institucionalizado del saqueo y pillaje. La dictadura cívico-militar liberó a partir de 1976; aprox. 1, 2 millones. km del territorio continental de Argentina, que se encontraba en zonas de reservas a cargo del Estado con anterioridad, y que vedaban el acceso a la explotación por par-te de las empresas privadas locales y las provenientes  del exterior. Por “Ley” 22.095 del 26 de octubre de 1979 se otorgó beneficios impositivos a los capitales volcados a la minería, atentando “la libre iniciativa privada” y la inversión de capitales extranjeros. Se modificó el código de minería por “ley” n° 22.259 del 28 de julio de 1980, agregando al mentado código capítulos, por el cual se autorizaba al estado “nacional”, con acuerdo previo con las provincias, convocar a concurso internacional para la exploración y explotación de áreas y yacimientos que habían sido descubiertos por el estado. Por la ley 21.593 de 1977 se actualizo el canon que se debía pagar a las provincias para poder mantener las concesiones. 
Como se ve, la “liberación” territorial se la “modernizo” en lo jurídico. Para viabilizar los llamados concursos internacionales ,el 5 febrero1981 la secretaría de minería firmó con el gobernador de Catamarca dos convenios con el objetivo de llamar a concurso internacional para la exploración de yacimientos  estatales, denominados de Bajo de la Alumbrera (oro y cobre) y Bajo de Agua Tapada y otros que existían dentro de la propiedad de la empresa  interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio; el otro llamado Farallon Negro fue concesionado a capitales nacionales, este yacimiento lo era de plata, oro, y manganeso que era de la misma propiedad (Alto de la Blenda y Los Viscos). Los dos convenios fueron aprobados el 27 marzo 1981 mediante decretos 673 y 723. Culminando la privatización total de la actividad minera de Agua de Dionisio. Tres días antes, el 24 marzo 1981 dictaron el decreto 554, que se firmó con el Gdor. de la Rioja un convenio igual a los anteriores, llamados a concurso internacional para explorar y explotar un área de aproximadamente 22 km, en las Sierras de Famatina a 4.000 m. sobre el nivel del mar, cuyos trabajos de investigación y prospección se venían realizando desde 1968, habiéndose descubierto en 1976, en la mina “La Mejicana” de propiedad, en aquellas época de Fabricaciones Militares un yacimiento de cobre y molibdeno. Este convenio tuvo su aprobación mediante un decreto n° 726 del 27 marzo 1981. Estas políticas impuestas y ejecutadas a través de una dictadura genocida (estado sicario) contó  con la adhesión entusiasta y cómplice de la rosca oligárquico-burguesa: Grupo de los Ocho (Sociedad Rural; Asociaciones de Bancos de la Rep. Argentina  y Asociación de Bancos. Argentinos; Cám. Argentina de Comercio; Cám. de la Construcción, etc.), Casta dominante de la Argentina, corresponsables y cómplices jurídicas, políticas y morales de las medidas criminales  diseñadas por el alto mando del macabro plan a nivel nacional y hoy a nivel europeo y mundial. El alto mando es conocido y público: es el asesino bicéfalo (los grandes circuitos financieros y bancos, con su abogado defensor el Fondo Monetario Internacional y las más poderosas multinacionales, entre ellas las mineras y su brazo visible y perfectamente ubicable: el Banco Mundial. Estas entidades tienen un solo objetivo e interés verdadero, saquear, despojar, esquilmar, exprimir y empobrecer a nuestro pueblo, como es el caso de las mineras en La Rioja y Catamarca que hollando nuestra tierra, envenenan y contaminan el agua de nuestros ríos, el aire, la flora y fauna, robándose recursos irrecuperables, sin dejar de excluir la tala de bosques (Norte de la provincia de Córdoba). 
El carácter “continuista” del régimen de los “Demócratas” instalado en el país a partir del año 1983 se caracterizó por el mantenimiento de aquella “legislación” impuesta a sangre y fuego por la dictadura militar. Alfonsín y Menem vía del monstruoso “Pacto de Olivos” y Las Convenciones Constituyentes de la reforma de 1994, de la mayoría de las fuerzas políticas participantes avalaron con su voto “reforma del estado” mediante la privatización en sectores estratégicos  (energía, gas, petróleo, comunicaciones y transporte), bajo el principio dictatorial enunciado el 2 de abril 1976 de “subsidiaridad del Estado”, que implicaba el retiro del estado frente al sector privado. 
Así también se delegó y transfirió a las diversas provincias funciones y servicios propios del Estado y la facultad de disponer de sus recursos naturales (minería). Con ello sepultaron vía “privatización” y “descentralización económica”, el principio democrático de la igualdad de los ciudadanos en su derecho de acceso a los servicios públicos básicos, (la eliminación de los subsidios y la futura gestión de estos responden a aquellos principios de “subsidiaridad del Estado” y de privatización y concesión de servicios) y el de la unidad estatal de la Argentina, aunque pretendan arrojar la llamada “descentralización” de federalismo legitimando la discriminación de provincias ricas de recursos y de provincias pobres desposeídas de aquellas, “regionalizando” la riqueza de un lado y por otra la pobreza y la miseria”. En aquella convención hubo un ejemplo de honradez y dignidad que vale la pena reconocer y reivindicar, la del obispo de Neuquén Jaime de Nevares que se retiró de aquel conclave pútrido. Esta política se continuó bajo la actual administración Kirchnerista y por sus “opositores” como el socialista borreguil al estilo de Binner, los seguidores de la cúpula “radical” de un oscuro filosófico alemán, más místico que filosófico, Karl Krause (1781-1832), adoptante de la ética protestante de la mejora personal con insistencia en la educación y en los objetivos morales para regenerar la sociedad. Son los que fundaron en Madrid en 1876, la intuición libre de enseñanza que se convirtió en el colegio privado de la elite liberal. Los incapaces de decir esta boca es mía en relación a la instalación de un Estado dentro de otro Estado, como son las compañías mineras con grupo de choque de vigilancia privadas, policías y jueces, que confrontan con inermes pobladores. La conservación de los pilares del programa del 2 de abril de 1976: “función subsidiaria del Estado” y “la apertura de la economía” o lo que es lo mismo, el principio básico de la economía de mercado libre: el reconocimiento de la verdad de los precios, su absoluta libertad, conducirá más temprano que tarde, como en el pasado, al “arreglo” con el Club de París y a nuevos endeudamientos con el FMI y el Banco Mundial, con sus consecuencias: la hiperinflación del año 1989, mas privatización mas flexibilización laboral, asalto a los derechos y libertades individuales sindica-les y democráticos, mayor penetración de la multinacionales y transnacionales o a nuevos argentinazos como en el 2001. La articulación del sector privado y el Estado (supuesto representante del interés público y/o general) versión “nacional y popular” ha implicado medidas regulatorias al capital privado, en una labor ímproba y merecedora de mejor suerte toda vez que constituye una tentativa que, como se ha demostrado en estos últimos años, ha asegurado los máximos beneficios a los monopolios y la reproducción ampliada capitalista sin conmociones mortales para ella. 
Ahora bien, esta “regulación” tiene un rasgo fatal para el capitalismo, porque las medidas que resultan ser más o menos eficaces en la lucha contra un proceso negativo en una esfera económica, provocan inevitablemente la agudización de fenómenos de crisis y contradicciones en otras. Causan perplejidad, angustia, zozobra en sus expertos profesionales y especialistas transformando pretendidos artesanos en chapuceros. Como lo demuestran los acontecimientos, la lógica de la vida y la experiencia, el principio de la ganancia es incompatible con las necesidades sociales, como lo es el capitalismo con una verdadera democracia. Aquellas y éstas políticas es el cianuro que envenenan y contaminan las relaciones sociales, políticas económicas y ambientales. A los pobladores de Tinogasta, Andalgalá y Belén. ¡Avanzar a paso firme contra el hambre, la enfermedad, y la muerte!  ¡Por la vida, el agua pura y la salud! ¡Para que “el pico y la pala” estén al servicio del rescate de nuestros recursos y riquezas de nuestra patria y de nuestras familias y no al de las empresas mineras, cuya capacidad de robo superan a los piratas de todos los siglos, siendo estos niños de pecho al lado de aquellos ladrones! ¡Se exige la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo, tierra y vivienda para los pueblos originarios! ¡Basta de represión! La consigna de hoy en lo social y político es unir, luchar, y vencer por el poder popular, la independencia nacional y el socialismo.
Contra la megaminería depredadora de la principal riqueza “la tierra y el hombre”.


Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo.