Violento desalojo del acampe en Cerro Negro y secuestro de colectivo de asambleístas

Comunicado de la Asamblea del Acampe Nacional en Cerro Negro tras el desalojo

En un nuevo comunicado de prensa, los integrantes de la Asamblea del Acampe Nacional en Cerro Negro contra la megaminería contaminante relatan en detalle lo sucedido en la jornada de hoy, tras el desalojo realizado conjuntamente por la infantería de Catamarca y la patota que responde a Bajo de la Alumbrera. Asimismo afirman que “en estos momentos la policía de Catamarca escolta de manera ilegal a una parte de los asambleístas hacia la provincia de Córdoba” y que “nos falta conocer el paradero de varios asambleístas”. ASAMBLEA DEL ACAMPE NACIONAL EN CERRO NEGRO CONTRA LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE.

Desde un lugar incierto en La Rioja, viernes 20 de julio de 2012, 22hs

Violento desalojo del acampe en Cerro Negro y secuestro de colectivo de asambleístas

Patotas de la megaminera Bajo La Alumbrera agreden a los asambleístas, bajo la complicidad de la policía de Catamarca.

Esta tarde, siendo aproximadamente las 16hs, la infantería de Catamarca en conjunto con la patota que responde a la megaminera Bajo de la Alumbrera desalojaron de manera violenta nuestro acampe pacífico y bloqueo selectivo e informativo realizado en Cerro Negro. En estos momentos la policía de Catamarca escolta de manera ilegal a una parte de los asambleístas hacia la provincia de Córdoba, desconociendo una orden de la justicia de La Rioja que exige el retiro de las fuerzas represivas de la provincia, y el inmediato traslado hacia La Rioja Capital.

Hoy viernes 20/7 se cumplían 12 días del acampe pacífico en la intersección de las rutas 40 y 60, y cinco días del bloqueo selectivo- informativo. La agresión se inició en horas del mediodía, con la llegada de un grupo de 100 personas en más de 20 vehículos, escoltadas por la policía de Catamarca y la infantería. Allí se presentó la fiscal provincial Silvia Álvarez con una orden de desalojo de la ruta 60 en condiciones de total ilegalidad, dado que no contaba con la orden de un Juez Federal para llevarla adelante, y solo estaba firmada por la fiscal y secretaria de la justica provincial. Su objetivo era que pasara un camión con explosivos a ser utilizados en la destrucción de nuestros cerros, el cual estaba detenido en las cercanías del acampe.

Desde la asamblea nacional de Cerro Negro, aún así, se definió levantar el bloqueo selectivo para continuar con el acampe, evitando todo tipo de confrontación con las fuerzas policiales y para-policiales.

Más tarde, las patotas apostadas sobre la ruta agredieron violentamente a los asambleístas que participaban del acampe en Cerro Negro, arrojando piedras y bombas de estruendo, hiriendo a dos compañeros, bajo la inacción y amparo de la policía de Catamarca que se encontraba desplegada sobre la ruta. Allí se presentó una nueva orden de desalojo, en este caso del acampe, expresando con claridad la determinación de hacerlo bajo la fuerza.

Luego de ello, la patota arremetió violentamente con piedras y bombas de estruendo contra el acampe pacífico, contando nuevamente con la complicidad de la policía. Inmediatamente la misma fiscal Álvarez, actuando coordinadamente con la patota, ordenó sin justificación alguna el desalojo del acampe, nuevamente en condiciones de ilegalidad: el mismo no cumplía el debido proceso del fuero provincial, ya que sólo llevaba la firma del Secretario y no contaba con la firma del Juez provincial, y en segundo lugar, porque la justicia provincial no tiene jurisdicción sobre las rutas nacionales. Toda esta situación se ha dado con la patota apostada en las cercanías del acampe, agrediendo continuamente, así como también la infantería.

Ante tamaño armado represivo, la Asamblea Nacional de Cerro Negro resolvió levantar el acampe y movilizarse hacia Tinogasta, donde recibiríamos el abrazo solidario del pueblo tinogasteño, pero la policía de la provincia de Catamarca impidió de hecho que lo podamos hacer, conduciendo a nuestra caravana hacia tierras riojanas. No obstante nuestra actitud pacífica, al llegar al pueblo de San Blas de los Sauces, la patota y la policía arremetió violentamente contra los automóviles y el micro en que nos movilizábamos, logrando separarnos. Es así que el micro fue secuestrado por la policía catamarqueña en territorio de la provincia de La Rioja, omitiendo la orden judicial de la justicia riojana de que el mismo no salga de territorio riojano y tenga como destino final La Rioja Capital. Lo evitaron interponiendo sus móviles policiales en las rutas hacia La Rioja. En estos momentos el secuestro continúa, y el micro es conducido hacia la provincia de Córdoba. Además hasta el momento nos falta conocer el paradero de varios asambleístas. Denunciamos el accionar de la justicia y gobierno de Catamarca, que actúa entre la ilegalidad y la represión ante quienes nos movilizamos por un ambiente sano, por el agua, por la autodeterminación de nuestros pueblos, por la vida.

Saludamos a los compañeros y compañeras de todo el país que se solidarizan con nuestra lucha, que también es su lucha, y continuamos las acciones directas tanto en las provincias de Catamarca y La Rioja como en el resto del país, esperando la caravana nacional hacia Cerro Negro y Tinogasta que hoy partió de Buenos Aires.

¡Fuera las megamineras contaminantes de Argentina y América Latina!

¡Basta de Represión!

¡El Famatina no se toca!

¡Tinogasta y Andalgalá Resisten!

Contactos de Prensa
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Cerro Negro: otro capítulo en la lucha contra la megaminería

Escrito por RNMA

Hoy se concretó pasadas las 15hs el desalojo del bloqueo que desde hace 5 días no permitía que circulen insumos mineros en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60 ruta en Cerro Negro (Catamarca). Desde hace 12 días allí se producía un acampe a la vera de la ruta. A las 16hs, una hora después de que pacíficamente se despejase la ruta una patota atacó con piedras a los asambleístas, dejando un herido. A las 17hs la infantería avanzó (sin mostrar claramente la orden correspondiente) sobre el campamento de la Asamblea Nacional de Cerro Negro sin dar tiempo a que se saquen los elementos personales. "Si nos oponíamos iban a desalojarnos con la policía y la patota" dijeron desde la Asamblea Nacional de Cerro Negro. Mientras eran empujados por la policía, dejaron un mensaje claro: "La lucha no se acaba, este es un capítulo más". En este momento, continúa la transmisión radial en vivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, con móviles desde Cerro Negro. Toda la cobertura en www.rnma.org.ar. La información es Poder. RADIO EN VIVO: http://radio.nodo50.org:8000/mediosalter.mp3.m3u Toda la cobertura especial de audios e informes de la RNMA en estos enlaces: Urgente / 17:00hs: Infantería procede a desmantelar el campamento en Cerro Negro Audios de la transmisión especial de la RNMA por Cerro Negro Urgente 16:30hs: la patota apedreó el campamento de los asambleístas en Cerro Negro. URGENTE / 15:20: Se concretó el desalojo en Cerro Negro Orden de desalojo para Cerro Negro CATAMARCA: TRANSMISIÓN ESPECIAL DESDE CERRO NEGRO Urgente: grupo de choque se presenta en el acampe antimegaminero de Cerro Negro Comunicado: Estado de Alerta en Cerro Negro Crónica de una ocupación pacífica en solidaridad con Cerro Negro

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, como servicio de inteligencia de la dictadura.

(Plaza de Mayo)
La información cajoneada por el Gobierno Nacional
Algunas personas postulan que, finalmente, nadie podría escapar del pasado, cuyo paso sería rítmico y sostenido, y derrumbaría, a fuerza de perseverancia, los obstáculos que tratan de detener el curso natural de la memoria. Si esta apreciación fuera cierta, entonces tampoco nadie podría escapar, tampoco, de la Justicia. A veces la realidad le da la razón a esta teoría. Como en esta oportunidad. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ex funcionario menemista, hoy hiperkirchnerista y candidato a desbancar a Hugo Moyano en la dirección de la CGT con el apoyo del cristinismo gobernante, figura en los archivos desclasificados del ejército como miembro civil del Batallón 601 de Inteligencia, función que ejerció durante la dictadura. 
Martínez ofició como servicio de inteligencia durante los mismos años en que desaparecieron, por lo menos, 105 obreros del gremio de la construcción, según denunció la CONADEP. Gerardo Martínez. El sindicalista. Un service. Un buchón. Un delator más, como aquellos que prestaron sus labores al ejército para marcar, entre otras tareas, a quienes luego engrosarían los listados de detenidos desaparecidos.

Los datos acerca del personal civil que prestó servicios al Batallón 601 de Inteligencia tienen estado público y se encuentran colgados en la página del Archivo Nacional de la Memoria. Casi cinco mil nombres, apellidos y documentos de hombres y mujeres que colaboraron en la tarea de destruir al sector social más dinámico de aquellos tiempos, que ayudaron a la dictadura a ejercer el terror, que aportaron según su capacidad para desaparecer a los sectores de avanzada política de la década del setenta. Allí figura, en la foja 52, su nombre: Martínez, Gerardo Alberto. Y el número de su documento: 11.934.882. Los listados fueron entregados a Nilda Garré, entonces ministra de Defensa, el 5 de febrero de 2010 por el general de brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE. Este no es un dato menor, que más adelante será desarrollado. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), una organización gremial constituida como alternativa a la UOCRA, a la que consideran completamente burocratizada y propatronal, leyeron con atención renglón por renglón los listados reveladores y encontraron allí las señas del secretario general de los constructores. La denuncia fue radicada ante la Justicia bajo el patrocinio de María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El poder judicial tiene ahora en sus manos la tarea de esclarecer la participación y responsabilidades de Martínez en el periodo dictatorial, cuando todo indica que ejercía de buche de los militares. El propio Martínez tiene el deber de dar explicaciones a la sociedad sobre el rol que jugó en aquellos años. No debería sorprender tal pasado. El currículum de Martínez es más bien un prontuario que marca una continuidad con los objetivos que se había trazado la dictadura. A pesar de que el gobierno de Cristina Fernández quisiera ver en él al próximo baluarte de su “columna vertebral”, mote con el que el kirchnerismo denomina a la burocratizada dirección de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los registros de la Anses indican que Martínez comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978. Tenía 22 años. Los archivos desclasificados indican que ya oficiaba como servicio de inteligencia. Escudriñar el pasado de Martínez es una tarea dificultosa. Los más memoriosos en el gremio señalan que ingresó a trabajar directamente en el área administrativa del sindicato. “Nunca trabajó en una obra”, le dijo a este cronista una fuente que continua ligada a la primera plana del gremio de la construcción, que no prefirió resguardar su identidad. “Lo conocí en 1986 durante la histórica marcha de Piedra del Águila, cuando dos mil obreros recorrimos casi 300 kilómetros a pie para reclamar por nuestros salarios y derechos –recuerda Alcides Christiansen, dirigente del gremio de la construcción que llegó a ganar en 1989 la seccional Neuquén del sindicato, hasta que Martínez ordenó su intervención, lograda con un verdadero operativo de guerra desplegado por la policía–. Fue una marcha descomunal. Martínez había sido enviado por la dirección nacional, estaba bajo el ala de Alejo Farías, secretario general de entonces. El objetivo de su llegada era dispersar la lucha. Poco antes de llegar a Neuquén hicimos una asamblea ante el anuncio de la delegación del sindicato de que había una oferta de la patronal. Era muy importante. Yo tenía la posición de que debíamos llegar a Neuquén y ahí decidir si aceptábamos o no la oferta. Martínez dio un ultimátum: había que votar a favor y levantar la movilización. La votación fue confusa pero anunciaron que su propuesta había ganado. El sindicato puso micros para llevar de vuelta a los obreros a sus lugares. Con un grupo decidimos continuar la marcha. Teníamos razón. La patronal no había hecho ninguna oferta. Todo había sido un invento de la burocracia para desmontar la lucha”.

Ese tipo de actitudes lo pusieron en la cresta de los nuevos dirigentes sindicales de la CGT de los ochenta. En 1990 fue elegido como secretario general de la UOCRA. El menemismo implementaba su plan de destrucción de los derechos laborales de millones de argentinos. Martínez habría de colaborar con entusiasmo en esa tarea. Ese año decidió integrar la CGT San Martín, que reunía al sindicalismo abiertamente menemista. Se incorporó rápidamente a las costumbres que regían la época. Un arquitecto que participó de la remodelación de la sede sindical contó que, para el baño de su oficina, Martínez había hecho traer mármol italiano y había instalado allí un jacuzzi. Aunque se sabe que los obreros de la construcción ponen el cuerpo en las tareas que realizan y el jacuzzi tal vez podría ser considerado como un paliativo contra los males de la hiperexplotación, todo indica que en el caso de Martínez esa regla no se aplicaba, sino todo lo contrario. En 1995, durante el auge menemista de la reelección del presidente riojano, Martínez fue elegido secretario general de la CGT. Las privatizaciones, la destrucción de millones de puestos de trabajo y el derrumbe de los derechos colectivos encontrarían en Martínez a uno de sus fieles impulsores. Luego de la caída del menemismo, el sindicalista siguió ejerciendo su rol directivo en la UOCRA. Con la llegada del kirchnerismo, se transformó a la nueva fe. El gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández no dudaron en aliarse a los popes del sindicalismo tradicional, a pesar de sus pasados colaboracionistas con el menemismo o su foja de servicios patoteriles o su burocratización irreversible. El kirchnerismo no dudó y estableció con estos sectores sindicales-empresariales una sociedad que se mantiene hasta el momento. No por nada el nombre de Martínez suena en los mentideros kirchneristas como el delfín de Cristina para ocupar el liderazgo de la CGT.

La presentación que realizó María del Carmen Verdú ante la justicia es reveladora y marca los nexos de la UOCRA con la dictadura. Allí señala que Horacio Américo Barcos, designado en 1996 como interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA por el mismo Martínez, fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas de José Alberto Tur, dirigente de CTERA y su esposa Amelia Ricotti. Barcos integra los listados del personal civil de inteligencia como colaborador del Batallón de Inteligencia Militar 122 desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997. Eduardo Juan Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, figura como colaborador del mismo batallón.

En esta etapa kirchnerista, la UOCRA se convirtió en un sindicato que ejerce con rigurosidad la tercerización de la represión. Tal vez se deba a su larga historia de conformación gangsteril de patotas. Como muestra basta recordar que la seccional Santa Cruz del sindicato es adicta al gobernador kirchnerista Daniel Peralta y ha recibido numerosas denuncias por ataques patoteros contra trabajadores en lucha, el último de ellos hace pocas semanas atrás, cuando apalearon a los docentes que luchaban por aumento salarial y mandaron a 17 maestros al hospital. Hay que señalar también que los miembros de SITRAIC sufren cotidianamente aprietes y golpizas por parte de la patota de la UOCRA, sindicato decidido a que no exista una alternativa gremial a su izquierda.

Una consideración especial merece la cuestión de la difusión de los listados. Hace un par de años, la revista Veintitrés publicó una edición especial en la que se adjuntaban páginas y páginas de nombres de hombres y mujeres que habían fungido como servicios de inteligencia bajo la dictadura. En esas listas, el nombre de Martínez no aparece. ¿Esas listas fueron editadas en alguna instancia estatal? ¿Existió la determinación de proteger al sindicalista, que ya estaba integrado en las filas del menemismo? Dudas.

Hoy los tribunales cuentan con los datos suficientes como para ponerse a investigar.
Finalmente, nadie puede escapar de su pasado.
Al menos, a veces sucede así.
Hoy le toca a Gerardo Martínez encontrarse con la historia.
Tal vez pueda haber justicia.

3º Aniversario Radio Rockultural

Hace 3 años comenzó este proyecto de comunicación alternativa que siempre intentó colaborar humildemente con la función de brindar un espacio para la voz y la participación del pueblo en las luchas contra la opresión y el sometimiento.
Apoyando y formando parte de las luchas de nuestra clase, comenzamos a compartir caminos esperanzadores para la unidad y la organización de nuestro pueblo.
Esta experiencia espera que la comunicación alternativa se multiplique masivamente para que sea capaz de romper con el cerco informativo que promueven las empresas y los gobiernos para atentar contra la verdad y provocar la división de nuestra clase.
Es nuestro compromiso trabajar para brindarle al pueblo una herramienta de comunicación capaz de generar nuevos medios alternativos independientes y en manos de los que luchan, para continuar tejiendo redes de comunicación alternativa que le brinden un espacio para la voz de nuestro pueblo en el lugar que sea necesario difundirla.
Radio Rockultural, Comunicación Alternativa, en momentos en los que la comunicación, no tiene alternativas.
Medio que forma parte del Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo

LOS TRABAJADORES SIGUEN PAGANDO LA CRISIS DE LOS CAPITALISTAS

Indemnizan a 295 despedidos
Cerró el principal frigorífico de La Pampa
Carnes Pampeanas, de la firma Cresud, tiene capacidad para faenar 9200 vacunos por mes y sólo estaba procesando 2700
Por Roberto Seifert  | LA NACION
La crisis en la industria frigorífica llegó ayer a La Pampa con el cierre del establecimiento más importante de la provincia: Carnes Pampeanas, de la empresa nacional Cresud, lo que ocasionó el despido de 295 empleados, cuya indemnización se acordó ayer en la Secretaría de Trabajo local.
Carnes Pampeanas (marca comercial de la razón social Exportaciones Agroindustriales Argentinas SA) es una empresa argentina que el año pasado compró la parte que tenía en sociedad con Tyson Foods, la mayor productora de proteína animal en el mundo, con sede en Arkansas, Estados Unidos.
"Por la crisis en el sector, Carnes Pampeanas anunció el cierre de su planta", informó ayer Cresud en un comunicado.
Según dijeron fuentes de la compañía, la planta tenía habilitación internacional y participaba de la cuota Hilton (cortes de calidad y precio preferencial). Pero, como ocurrió con otros frigoríficos del país, no pudo cumplir el ciclo 2011/12 por falta de hacienda. De las 700 toneladas que tenía asignadas, sólo pudo enviar 330 toneladas.
Las fuentes agregaron que, durante un año y medio de negociaciones, "y luego de importantes aportes económicos de la empresa que ascienden a 61,1 millones de pesos", se intentó mantener el empleo. Pero la faena seguía cayendo en picada. Con una capacidad que llegó en 2009 a las 9200 cabezas mensuales, cayó a 5200 animales en febrero de 2010, y a entre 2700 a 3800 animales faenados en diciembre último, cuando cerró la planta.
Tras analizar las condiciones crediticias propuestas por el Ministerio de la Producción y por el Banco de la Pampa para sostener los puestos de trabajo, la empresa resolvió el cierre definitivo porque entendió que "no iba al fondo de la cuestión y que era prolongar la agonía" y abonó el 100 por ciento de las indemnizaciones a sus trabajadores con montos que van de 20.000 a 140.000 pesos por cada operario, de acuerdo con la antigüedad y la categoría, que se pagarán hasta en 10 cuotas, ninguna de las cuales debe tener un valor menor a 5000 pesos.
"La situación de los frigoríficos en La Pampa es crítica y no escapa para nada a lo que ocurre en el orden nacional; quizá llegó un poco más tarde", dijo a La Nacion el secretario gremial del Sindicato de la Carne, Osvaldo Gómez.
Escenario crítico
El contexto no es nada alentador. Se han retirado de sus posiciones poderosos frigoríficos brasileños, han cerrado otros nacionales y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. En su último informe, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra) señaló que las exportaciones de carne vacuna continúan restringidas "merced a la política antiganadera llevada adelante por el gobierno nacional desde 2005".
"Teníamos en La Pampa 1600 trabajadores y ahora sólo quedan 700 y todos trabajando con garantía horaria", agregó el sindicalista.
Según comentó Gómez, el caso de Carnes Pampeanas se suma al del frigorífico Pampa Natural, una sociedad de ganaderos que funcionó con apoyo del gobierno provincial. Tenía una planta nueva de alta tecnología, quizás la mejor de la provincia ubicada a 19 kilómetros de General Pico. Sus 270 trabajadores quedaron en la calle hace un año y medio.
Otro caso es el de Indeco, de Toay, una planta que ocupaba a 70 operarios y que cerró hace seis meses.
Un caso emblemático es el del frigorífico Bernasconi, que construyó la provincia con tecnología de punta y que nunca abrió. "Como están las cosas, ni pensar que se pueda abrir", dijo Gómez, que señaló que sólo les quedaba trabajar "a full" para salvar lo que les queda.
Gómez dijo que lo que más había impactado en la caída de las exportaciones había sido la falta de materia prima y, en el caso del mercado interno, mucho repercutió la caída del consumo interno "en casi un 50 por ciento debido al menor consumo por el valor de la carne y los costos elevados, principalmente el de los fletes, que se encarecen por la poca hacienda que se consigue para llevar".
Pero la crisis productiva en La Pampa no terminó allí. Ayer, se conoció también el cierre de la Colonia Lechera Modelo, una fábrica en el pueblo de Anguil, que es disputada por dos grupos empresarios.-
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NOTA: Según las estadísticas, en los últimos 6 meses se han destruido más de 300.000 puestos de trabajo, con una tendencia en alza. Esta es la razón real del aumento de la conflictividad social y no el enfrentamiento por poder y por dinero entre la burocracia sindical empresarial y un falso y autista gobierno "nacional y popular".