Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, como servicio de inteligencia de la dictadura.

(Plaza de Mayo)
La información cajoneada por el Gobierno Nacional
Algunas personas postulan que, finalmente, nadie podría escapar del pasado, cuyo paso sería rítmico y sostenido, y derrumbaría, a fuerza de perseverancia, los obstáculos que tratan de detener el curso natural de la memoria. Si esta apreciación fuera cierta, entonces tampoco nadie podría escapar, tampoco, de la Justicia. A veces la realidad le da la razón a esta teoría. Como en esta oportunidad. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), ex funcionario menemista, hoy hiperkirchnerista y candidato a desbancar a Hugo Moyano en la dirección de la CGT con el apoyo del cristinismo gobernante, figura en los archivos desclasificados del ejército como miembro civil del Batallón 601 de Inteligencia, función que ejerció durante la dictadura. 
Martínez ofició como servicio de inteligencia durante los mismos años en que desaparecieron, por lo menos, 105 obreros del gremio de la construcción, según denunció la CONADEP. Gerardo Martínez. El sindicalista. Un service. Un buchón. Un delator más, como aquellos que prestaron sus labores al ejército para marcar, entre otras tareas, a quienes luego engrosarían los listados de detenidos desaparecidos.

Los datos acerca del personal civil que prestó servicios al Batallón 601 de Inteligencia tienen estado público y se encuentran colgados en la página del Archivo Nacional de la Memoria. Casi cinco mil nombres, apellidos y documentos de hombres y mujeres que colaboraron en la tarea de destruir al sector social más dinámico de aquellos tiempos, que ayudaron a la dictadura a ejercer el terror, que aportaron según su capacidad para desaparecer a los sectores de avanzada política de la década del setenta. Allí figura, en la foja 52, su nombre: Martínez, Gerardo Alberto. Y el número de su documento: 11.934.882. Los listados fueron entregados a Nilda Garré, entonces ministra de Defensa, el 5 de febrero de 2010 por el general de brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE. Este no es un dato menor, que más adelante será desarrollado. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), una organización gremial constituida como alternativa a la UOCRA, a la que consideran completamente burocratizada y propatronal, leyeron con atención renglón por renglón los listados reveladores y encontraron allí las señas del secretario general de los constructores. La denuncia fue radicada ante la Justicia bajo el patrocinio de María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El poder judicial tiene ahora en sus manos la tarea de esclarecer la participación y responsabilidades de Martínez en el periodo dictatorial, cuando todo indica que ejercía de buche de los militares. El propio Martínez tiene el deber de dar explicaciones a la sociedad sobre el rol que jugó en aquellos años. No debería sorprender tal pasado. El currículum de Martínez es más bien un prontuario que marca una continuidad con los objetivos que se había trazado la dictadura. A pesar de que el gobierno de Cristina Fernández quisiera ver en él al próximo baluarte de su “columna vertebral”, mote con el que el kirchnerismo denomina a la burocratizada dirección de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los registros de la Anses indican que Martínez comenzó a prestar servicios en la UOCRA a partir de diciembre de 1978. Tenía 22 años. Los archivos desclasificados indican que ya oficiaba como servicio de inteligencia. Escudriñar el pasado de Martínez es una tarea dificultosa. Los más memoriosos en el gremio señalan que ingresó a trabajar directamente en el área administrativa del sindicato. “Nunca trabajó en una obra”, le dijo a este cronista una fuente que continua ligada a la primera plana del gremio de la construcción, que no prefirió resguardar su identidad. “Lo conocí en 1986 durante la histórica marcha de Piedra del Águila, cuando dos mil obreros recorrimos casi 300 kilómetros a pie para reclamar por nuestros salarios y derechos –recuerda Alcides Christiansen, dirigente del gremio de la construcción que llegó a ganar en 1989 la seccional Neuquén del sindicato, hasta que Martínez ordenó su intervención, lograda con un verdadero operativo de guerra desplegado por la policía–. Fue una marcha descomunal. Martínez había sido enviado por la dirección nacional, estaba bajo el ala de Alejo Farías, secretario general de entonces. El objetivo de su llegada era dispersar la lucha. Poco antes de llegar a Neuquén hicimos una asamblea ante el anuncio de la delegación del sindicato de que había una oferta de la patronal. Era muy importante. Yo tenía la posición de que debíamos llegar a Neuquén y ahí decidir si aceptábamos o no la oferta. Martínez dio un ultimátum: había que votar a favor y levantar la movilización. La votación fue confusa pero anunciaron que su propuesta había ganado. El sindicato puso micros para llevar de vuelta a los obreros a sus lugares. Con un grupo decidimos continuar la marcha. Teníamos razón. La patronal no había hecho ninguna oferta. Todo había sido un invento de la burocracia para desmontar la lucha”.

Ese tipo de actitudes lo pusieron en la cresta de los nuevos dirigentes sindicales de la CGT de los ochenta. En 1990 fue elegido como secretario general de la UOCRA. El menemismo implementaba su plan de destrucción de los derechos laborales de millones de argentinos. Martínez habría de colaborar con entusiasmo en esa tarea. Ese año decidió integrar la CGT San Martín, que reunía al sindicalismo abiertamente menemista. Se incorporó rápidamente a las costumbres que regían la época. Un arquitecto que participó de la remodelación de la sede sindical contó que, para el baño de su oficina, Martínez había hecho traer mármol italiano y había instalado allí un jacuzzi. Aunque se sabe que los obreros de la construcción ponen el cuerpo en las tareas que realizan y el jacuzzi tal vez podría ser considerado como un paliativo contra los males de la hiperexplotación, todo indica que en el caso de Martínez esa regla no se aplicaba, sino todo lo contrario. En 1995, durante el auge menemista de la reelección del presidente riojano, Martínez fue elegido secretario general de la CGT. Las privatizaciones, la destrucción de millones de puestos de trabajo y el derrumbe de los derechos colectivos encontrarían en Martínez a uno de sus fieles impulsores. Luego de la caída del menemismo, el sindicalista siguió ejerciendo su rol directivo en la UOCRA. Con la llegada del kirchnerismo, se transformó a la nueva fe. El gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández no dudaron en aliarse a los popes del sindicalismo tradicional, a pesar de sus pasados colaboracionistas con el menemismo o su foja de servicios patoteriles o su burocratización irreversible. El kirchnerismo no dudó y estableció con estos sectores sindicales-empresariales una sociedad que se mantiene hasta el momento. No por nada el nombre de Martínez suena en los mentideros kirchneristas como el delfín de Cristina para ocupar el liderazgo de la CGT.

La presentación que realizó María del Carmen Verdú ante la justicia es reveladora y marca los nexos de la UOCRA con la dictadura. Allí señala que Horacio Américo Barcos, designado en 1996 como interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA por el mismo Martínez, fue condenado en Santa Fe a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas de José Alberto Tur, dirigente de CTERA y su esposa Amelia Ricotti. Barcos integra los listados del personal civil de inteligencia como colaborador del Batallón de Inteligencia Militar 122 desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997. Eduardo Juan Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, figura como colaborador del mismo batallón.

En esta etapa kirchnerista, la UOCRA se convirtió en un sindicato que ejerce con rigurosidad la tercerización de la represión. Tal vez se deba a su larga historia de conformación gangsteril de patotas. Como muestra basta recordar que la seccional Santa Cruz del sindicato es adicta al gobernador kirchnerista Daniel Peralta y ha recibido numerosas denuncias por ataques patoteros contra trabajadores en lucha, el último de ellos hace pocas semanas atrás, cuando apalearon a los docentes que luchaban por aumento salarial y mandaron a 17 maestros al hospital. Hay que señalar también que los miembros de SITRAIC sufren cotidianamente aprietes y golpizas por parte de la patota de la UOCRA, sindicato decidido a que no exista una alternativa gremial a su izquierda.

Una consideración especial merece la cuestión de la difusión de los listados. Hace un par de años, la revista Veintitrés publicó una edición especial en la que se adjuntaban páginas y páginas de nombres de hombres y mujeres que habían fungido como servicios de inteligencia bajo la dictadura. En esas listas, el nombre de Martínez no aparece. ¿Esas listas fueron editadas en alguna instancia estatal? ¿Existió la determinación de proteger al sindicalista, que ya estaba integrado en las filas del menemismo? Dudas.

Hoy los tribunales cuentan con los datos suficientes como para ponerse a investigar.
Finalmente, nadie puede escapar de su pasado.
Al menos, a veces sucede así.
Hoy le toca a Gerardo Martínez encontrarse con la historia.
Tal vez pueda haber justicia.