Finalmente, luego de unos meses de “pirotecnia verbal”, seguidos de algunas medidas sobre posiciones marginales de la petrolera Repsol en la Argentina (aún no se ha concretado la quita de licitaciones de ningún pozo de producción significativa) el gobierno de Cristina Fernández ha ido “por todo”. Bueno, en realidad, ha anunciado que irá por el 51% de “todo”.
Aunque la semana pasada daba la impresión de que el gobierno iba a recular por la fuerte presión del Estado Español, sumada a las dudas de algunos gobernadores, finalmente avanzaron rápidamente, sorprendiendo a los propios españoles, que ayer anunciaban que desde el viernes parecía haber una distensión y un clima de negociación.
El proyecto tiene el rimbombante título de Ley de Soberanía hidrocarburífera. Algo que, reconozcámoslo, poco ha preocupado al kirchnerismo durante estos años, si juzgamos por las felicitaciones recibidas por Repsol y otros popes del sector (como Bulgheroni) durante las gestiones de Néstor y Cristina, al tiempo que la producción caía (desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas), las reservas se deterioraban y también lo hacía el autoabastecimiento. Si definimos el autoabastecimiento por el saldo comercial sectorial, este terminó con el déficit del año pasado en petróleo y gas de 3.029 millones de dólares. Pero mucho tiempo antes, desde la propia privatización, cuando se abandonaron explotaciones poco rentables y se redujo al mínimo la exploración, podía preverse esta tendencia. Como en otros planos, el afán estatista del kirchnerismo ha aparecido acá también sólo cuando las falencias del mercado o y de los empresarios (imperialistas y socios locales) crean una situación insostenible. Digamos, de paso, que la política hidrocarburífera k se caracterizó desde el comienzo por una importante contradicción entre mantener las posiciones del capital privado (y extranjero) en el sector, y poner algunas trabas a la rentabilidad limitando los precios internos (aunque en los últimos años se permitieron fuertes ajustes). El resultado, no podía ser de otra manera, fue la explotación “rentística” de los recursos petroleros cuyas consecuencias saltan a la vista (ya que de lo contrario las empresas hubieran debido resignar ganancias, lo cual no está en su ADN), “modelo” que hasta hace poco la presidenta reivindicaba.
Notemos que, al contrario de lo que afirma Zaiat hoy, el proyecto sólo declara de "interés público" el autoabastecimiento, pero no es equivalente a una declaración de los recursos hidrocarburíferos como estratégicos. No cuestiona ni la "libre disponibilidad" por parte de las petroleras ni "el ruinoso concepto de materia prima (commodity)" como pretende este periodista. En todo caso le pone el límite de garantizar la provisión local, aunque en los hechos esto sólo se traduce en el avance sobre la propiedad de YPF, ya que la ley no menciona ningún cambio sobre las condiciones de explotación del resto de las petroleras.
El nombre de Soberanía hidrocarburífera queda bastante grande para un proyecto que sólo adquiere (pagando peso por peso) el 51% de una empresa que, aunque con posición dominante en el sector, no produce más de un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina. En el caso del petróleo, la siguen muy de cerca Pan American Energy (17%) Chevron (8%) y Petrobras (7%). En el del gas, Total Austral controla un 25%, Pan American un 11%, y Petrobras un 9%. Sólo en el caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%, pero acá también Shell mantiene una posición importante (19%) y el empresario K Cristóbal López está en tercer lugar con Oil M&S (9%). Como se ve, una medida que sólo vaya contra Repsol se queda bastante renga, no sólo para controlar efectivamente el grueso de la producción, sino para plantear la más mínima soberanía, cuando el grueso del capital en el sector es de origen extranjero, exceptuando a los empresarios amigos.
Sin embargo, proponen, el proyecto de ley hidrocarburífera vendría a resolver de un plumazo los problemas del sector. Aunque resta ver la implementación de esta ley y cómo operará el Consejo Federal de Hidrocarburos, ya podemos abrir varios interrogantes, que surgen de la propia ley. La misma, por empezar, mantiene a YPF como una sociedad anónima, en el contexto de un sector donde, como vimos, existe todo un conjunto de empresas que intervienen en las distintas fases de la extracción y refinación. Los criterios de rentabilidad conservarán su peso, en un contexto competitivo. Sin cuestionar la preponderancia del capital privado –y extranjero- en el sector, ¿cómo frenar la dinámica de desabastecimiento y alza de precios? ¿Acaso puede YPF SA no continuar el alza de precios? ¿De dónde va a salir el dinero para las inversiones que no hacen los privados, y sin las cuales no va a lograrse ningún “autoabastecimiento”? ¿O es que la “soberanía energética” incluye “tarifazo para todos” (menos para Aerolíneas quizá)? El esquema elegido no parece dejar mucho margen: o se continúa con los ajustes de precios de las naftas, o la soberanía energética quedará para los discursos (aunque los propios ajustes de precios nada aseguran como vimos estos últimos años).
Es en el terreno de las inversiones donde la proyectada “soberanía energética” se muestra más floja. El gobierno reclamaba en días recientes a Repsol que aportara 15 mil millones de dólares en inversiones. Tal vez sea que el Estado va a poner este dinero que no ha desembolsado la compañía. ¿Será tomando el capital de reserva de la compañía, y las utilidades futuras para focalizarlos en inversiones? Es una posibilidad. Sin embargo, hay otras urgencias, y estas suelen concentrar la atención del kirchnerismo. Alguien tiene que hacerse cargo de la factura de importación de combustible de este año, que, todo lo indica, va sumar entre 12 mil y 14 mil millones de dólares. Además, seguramente YPF será llamada a poner el hombro para ayudar a compensar el déficit de Aerolíneas. Todo esto podría rápidamente concentrar buena parte de los recursos ganados con la expropiación, dejando poco espacio para los esfuerzos de mediano o largo plazo, que son los que podrían alterar el balance energético.
Así como ocurre con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, todo indica que la expropiación parcial de las acciones de Repsol será puesta al servicio de las urgencias, y no de concentrar recursos para enfrentar problemas estructurales. La consecuencia, pasado el tiempo en que estas medidas dan (abundante) oxígeno a la política oficial, es que los problemas siguen allí, sólo que profundizados. El gobierno “nacional y popular” permitió que la dependencia energética se fuera profundizando durante todos estos años, opinando que la holgura extraordinaria de los superávits comercial y fiscal logrados con el brutal ajuste de 2001/2002, duraría por siempre. Como en otros terrenos, la política energética K fue dilapidar recursos en repartirlos generosamente a la burguesía (“nacional” e imperialista) mientras los hubo. No olvidemos los programas Petróleo Plus y Refino Plus lanzados en 2008, que significaron más de 1.500 millones de pesos al año, para subsidiar a las empresas con el objetivo de aumentar la producción (lo que no ocurrió) y que en buena medida beneficiaron a los exportadores, es decir a quienes vendían en el exterior los recursos que acá escasean. ¿Cambiará el ingreso del Estado a YPF esta lógica de la política hidrocarburífera? ¿O dará más recursos para administrar una abundancia poco duradera, y seguir pateando los problemas hacia adelante? Nos inclinamos por la segunda alternativa.
Por supuesto, también está la posibilidad de que el kirchnerismo haga un poco de “frondizismo”, es decir ponga proa al autoabastecimiento, abriendo el juego a otras multinacionales imperialistas. Los recursos no convencionales de petróleo y gas son de tal magnitud que podrían convertir a la Argentina en un país petrolero (gasífero ya lo es), y no sólo un país con petróleo, diferencia sutil pero no desdeñable. Podría conjeturarse si, además de las urgencias inmediatas, la posibilidad de esta formidable renta no fue lo que empujó el súbito fervor soberano del gobierno nacional y los gobernadores.
La dificultad que se presenta, es que la explotación de estos recursos requiere formidables inversiones en tecnología, y tiene largos tiempos hasta que las explotaciones puedan ser aprovechadas económicamente. Esto escapa a los recursos que el gobierno podría dirigir hacia el sector, considerando que ya la compra de las acciones le significará un desembolso considerable. Por eso, como prevé la ley, una “integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas” podría venir a salvar las dificultades. Es decir, haciendo como Frondizi en su momento, el gobierno podría buscar el autoabastecimiento de la mano de un acuerdo con las privadas. Exxon móvil ha desarrollado en EEUU tecnología que podría permitir explotar el shale oil en el país. Podría cambiarse, entonces, una situación de control de la principal empresa hidrocarburífera por el capital extranjero, a una empresa con mayoría de propiedad estatal que realice leoninos contratos con el capital privado. Al modo como Frondizi logró el autoabastecimiento, alimentando la entrada de las petroleras extranjeras y dando en concesión grandes extensiones (por una supuesta exploración que en realidad ya había sido hecha en buena parte por YPF), aparte de garantizarles cuota de mercado para los productos derivados de petróleo en el mercado interno.
Esta “división del trabajo”, entre el gobierno y el capital extranjero, podría permitirle al primero concentrarse en el corto plazo, usando los recursos de YPF S.A. para salvar en la coyuntura las urgencias petroleras, mientras cruza los dedos a la espera de que el capital extranjero sea quien resuelva los problemas estructurales. La medida “soberana” anunciada ayer, podría derivar entonces en nuevas formas, más mediadas pero no menos onerosas, de dependencia.
A pesar de que lo que busca presentarse como una medida nacional no es más que una transacción de compra y venta, podría abrir fuertes tensiones entre la Argentina y el Estado Español, contando este último con el respaldo de la Unión Europea, y probablemente de otras potencias. Las amenazas ya lanzadas por el gobierno imperialista español y de sus socios de la Unión Europea merecen todo nuestro rechazo. Sin embargo, acá también, tras la pirotecnia, pueda haber una negociación dura (pero negociación al fin), que deje a todos medianamente contentos. Brufau le ha puesto precio en 10.500 millones de dólares a su reclamo, y el gobierno maneja casi la mitad, pero podrían cerrar trato a mitad de camino. No estaría nada mal para Repsol. Equivaldría a algo así como la ganancia neta que ha dejado la empresa en desde 1999, es decir unos 8 mil millones de dólares. Considerando el vaciamiento que han hecho de la empresa, girando al exterior más dólares que los ganados (14 mil millones de dólares), y que a la empresa fue adquirida en 1999 por 13 mil millones de dólares (con la ayuda de una subvaluación de la compañía avalada por el gobierno de Menem), el resultado sería bastante ganancioso, aunque reduciría a Repsol a lo que siempre fue, una empresa refinadora con pocos recursos petroleros propios. Desde el punto de vista del gobierno argentino, en cambio, sería pagar una factura demasiado onerosa para poner fin a una entrega, para lo cual dispondrán probablemente una ingeniería financiera entre la ANSES (vendiendo bonos a cambio de dólares) y el Banco Central (comprando los dólares del ANSES para prestarlos al gobierno), o alguna variante similar. Nuevamente es la plata que no se destina garantizar el 82% móvil, la que de una u otra forma será seguramente utilizada para financiar el ingreso del Estado en YPF S.A.
No habrá soberanía hidrocarburífera si no se avanza en una expropiación sin pago no sólo del 100% de las acciones de Repsol-YPF, sino también del conjunto de las empresas que participan en la extracción y refinación. Esta sería la única vía para hacer una contabilidad general de las reservas disponibles y cortar en lo inmediato toda exportación, a los fines de garantizar en el plazo más corto el autoabastecimiento. También, permitiría establecer en lo inmediato los excedentes disponibles que puedan volcarse hacia la explotación de recursos no convencionales, lo cual merece además un debate sobre las formidables consecuencias ecológicas de estas explotaciones, muy superiores a las de petróleo y gas convencional (debate que, como en el caso minero, cuando hay buena renta en juego el gobierno no está dispuesto a permitir). Pero claro, una iniciativa semejante resultaría “disfuncional” para la burguesía argentina, que a lo sumo aspira a que esta renacionalización parcial le permita morder una parte del negocio petrolero, reeditando en alguna medida el “capitalismo de amigos” que el gobierno viene poniendo en el freezer en algunos sectores (pero no en todos). La vocación “nacional” de la burguesía y el gobierno, no llega a más que buscar una mejor participación en la renta petrolera. La propia historia de YPF, que fue puesta al servicio de la valorización de capital de los contratistas en desmedro de su capacidad operativa, así lo ilustra. Es sólo la clase obrera, acaudillando al conjunto del pueblo pobre, la que puede proponerse una salida verdaderamente nacional y antiimperialista, imponiendo una gestión de estos recursos estratégicos en función de las necesidades, como parte de una reorganización del conjunto de la economía nacional sobre nuevas bases.
