por Andrés Figueroa Cornejo
1.
La primera semana de noviembre de 2014 fue designado por la presidenta
Bachelet el nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile
(FACH), Jorge Robles Mella. Durante el cambio de mando fue consultado
por la prensa respecto de los casos de crímenes políticos cometidos por
la tiranía donde están implicados miembros de su rama castrense. El
Comandante Robles se limitó a responder fuerte y claro que “El tema de
los Derechos Humanos es un capítulo cerrado”. Y como es tradición de los
gobiernos civiles luego de un cuarto de siglo administrando uno de los
capitalismos económicamente más liberales del planeta y culturalmente,
más conservadores, ninguna autoridad gubernamental o de la jerarquía
religiosa dijo nada sobre las aseveraciones políticas del nuevo señor
del aire. Un par de voces de lo que resta de las agrupaciones de DDHH y
cuyos funcionarios/as son dirigentes del conglomerado gubernativo,
emplazaron al militar. Y caso cerrado.
Lo cierto es que debido a que
los dueños de todo no están dispuestos a ceder nada (¿por qué habrían de
hacerlo si aún nadie golpea con fuerza sus palacios blindados?), los
últimos meses, al menos en un Santiago que concentra a un 40% de la
población del país, se han vuelto corrientes los avisos de bombas en
lugares públicos. Afortunadamente, un ínfimo porcentaje de ellos han
resultado verdaderos. Sin embargo, justifican la puesta en escena de
operativos policiales tipo CSI-Santiago, que generan cierto clima de
conveniente temor entre la gente, por un lado, y normalización de
procedimientos policiales, por otro. Asimismo, las pocas oportunidades
en que las bombas han estallado, han costado la vida de inocentes.
¿A
quién le interesa la muerte de inocentes y sencillos con objetivos
políticos? ¿A quién le interesa agredir físicamente y a la manera de la
mafia y los sicarios al secretario general del Partido Comunista, como
si el secretario general del Partido Comunista fuera un obstáculo para
la revolución socialista o un enemigo clave para la burguesía? ¿A quién
le interesa asesinar mapuche, apresar y torturar a los/as jóvenes
empobrecidos que luchan por la justicia social, reprimir a las
comunidades movilizadas contra la violencia del extractivismo y la
apropiación empresarial del agua potable, y a los trabajadores en
huelga?
A la juventud popular y rebelde, no. A los intelectuales
orgánicos de los oprimidos/as, no. A los anarquistas, anarco-comunistas,
anarco-sindicalistas, anarco-insurreccionalistas, a los libertarios
parecidos a los de antes, a los que se hacen llamar libertarios por no
encontrar mejor mote para nombrar a su indignación, a los
nacional-libertarios, etc., no.
En Chile sólo ha existido
terrorismo de Estado. Las leyes antiterroristas impuestas desde los
gobiernos civiles son cláusula imperialista y represión precautoria
(aniquilar al disenso antes de que crezca), manga ancha para sangrar a
quienes levantan la cabeza siquiera sea para tomar aire.
Terrorismo
es la cruzada bélica de última generación con fines geo-económicos de
los EE.UU. y la OTAN en Medio Oriente, del sionismo en la Palestina
ocupada, de Marruecos sobre el pueblo saharaui, del Estado islámico
contra el pueblo kurdo, de los Estados hondureño, paraguayo, colombiano
contra sus pueblos.
En consecuencia, el terrorismo tiene que ver con el fascismo.
2.
Como la historia concreta no es un conjunto de anécdotas dispersas sino
que la expresión leal de la densidad de la lucha de clases, de las
relaciones de fuerza y de poder entre la minoría que ordena y la
voluntad colectiva de la mayoría que puja por la realización de sus
intereses en un momento dado, los dichos del Comandante de la FACH en
materia de derechos humanos ilustran el estado del arte del conflicto
social chileno, al menos en sus aspectos más gruesos e inmediatos.
Por
ejemplo, en México –tan sobreexplotada su humanidad y tan saqueada su
naturaleza por las corporaciones de los capitalismos centrales, como en
Chile-, decenas de miles de personas atiborraron recientemente las
calles de ciudades y pueblos, exigiendo la renuncia del presidente
Enrique Peña Nieto a causa del asesinato de los 43 normalistas y otros
tantos militantes del Congreso Nacional Indígena y el EZLN. En México,
la crisis de credibilidad del sistema político y sus partidos
funcionales, en el sentido común de la población en acción adquiere las
maneras del hartazgo ante el llamado corrupto narco-Estado y mal
gobierno. Es decir, la protesta del pueblo que realizó la primera
revolución social en América Latina, finalmente comienza a cobrar
dimensiones no existentes antes para destruir el consenso o la
denominada paz social que demanda el capital para su reproducción bajo
control y poca incertidumbre. Mientras tanto, en el
Chile-Estado-policial en general, y militarizado en particular en el
territorio mapuche en lucha, la sociedad aún es presa del miedo y la
alienación devenida esencialmente de la deuda y la alta rotación y
volatibilidad del trabajo. Más allá de toda propaganda por arriba
(dirigida en dos sentidos: tanto como tracción de la inversión
extractivista minera, energética y forestal, como para intentar mantener
la mansedumbre de la comunidad, como si la gente debiera ser cómplice
de un crimen que nunca cometió), de acuerdo a la encuesta Adimark de
octubre de 2014, sólo un 17% de la población confía en la televisión.
Ello significa que la inmensa mayoría sabe que los discursos
tranquilizadores y el mensaje unívoco repetido una y otra vez por el
poder y sus medios monopolizados (incluso más que en los tiempos en que
la dictadura del capital tuvo la forma de tiranía militar), no se
corresponden con la realidad.
He aquí entonces, uno de los
principales desafíos de las fuerzas destacadas a transformar las
presentes relaciones sociales, de producción, de propiedad: cómo
colaborar eficientemente con la politización de la desconfianza popular
sobre un sistema político que aparentemente contiene su alternancia,
toda vez de que se trata de un único proyecto de sociedad en curso desde
hace más de 40 años. Y cuando se escribe “colaborar”, se quiere decir
cómo hacerlo desde dentro del propio pueblo despierto y hoy repartido en
distintos enfrentamientos anticapitalistas. No desde afuera, no como
uno o muchos aparatos políticos o político-militares que portan la
valentía, el conocimiento terminado, el horizonte traducido del proyecto
liberador, como si fueran un padre, un diccionario ilustrado, o una
oferta. La emancipación social no es una alternativa política, es la
misión histórica de la humanidad, independientemente de las formas que
adquiera.
3. Sólo para refrendar la crisis de representatividad y
credibilidad popular del sistema político chileno con las propias
metodologías de los concesionarios del Ejecutivo y el Legislativo, es
suficiente observar los resultados de la misma encuesta Adimark. Según
la consulta, la aprobación de la mandataria Michelle Bachelet, por
cuarto mes consecutivo llegó a un 45% y su desaprobación aumentó hasta
un 47% (lleva 8 meses en el cargo). El gobierno fue aprobado por un 42%.
Apenas el 40% de los encuestados conoce a 14 de los 23 ministros de
cartera. La Nueva Mayoría fue evaluada positivamente por un 33% y mal
evaluada por un 55%, mientras que la oposición sistémica, la Alianza,
fue aprobada por un 22% y desaprobada por un 66%. Las áreas peor
calificadas correspondieron a salud, educación y vivienda, ejes
programáticos de los inquilinos de La Moneda, junto a la llamada reforma
tributaria (regresiva), el sistema único y privado de seguridad social
(que no se toca, sino que termina por consagrarse, y que, de continuar
tal como está, condena y condenará a más de un 80% de los
trabajadores/as inactivos o jubilados/as a pensiones mínimas y de
hambre); la reforma laboral (que bajo el argumento de la desaceleración
económica, simplemente no se efectuó); y la reforma de la Constitución,
que fue postergada para un futuro incierto ante las presiones
empresariales y las escasas resistencias de quienes la prometieron en la
última campaña electoral.
4. De alguna manera, y si un gobierno
se reduce a un programa, puede afirmarse que antes de cumplir un año, ya
terminó la segunda administración de Bachelet. No es una sorpresa, pero
es preciso constatarlo a la hora de caracterizar rápidamente la
contingencia.
5. Casi toda la última década, la movilización
social de envergadura en Chile, además de la lucha mapuche (anterior a
la invasión española y a la guerra declarada del Estado chileno) se ha
centrado en el ámbito educacional. Pero toda sociedad dividida en clases
sociales produce una educación de clase
(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107228). El sistema de enseñanza
es parte de la totalidad opresiva del capital, productora de
trabajadores/as calificados para los requerimientos del empresariado;
sobreproductora de esos mismos trabajadores/as calificados con el fin de
bajar todavía más el precio de su labor, y es industria irracional de
la educación en tanto mercancía generadora de ganancia. Su propaganda
está asociada al mito de la enseñanza como promesa de movilidad social,
cuando en la realidad existe precarización y empobrecimiento de los
profesionales y técnicos.
Aquí no se ingresará a la discusión falsa
sobre “el lucro” o el “no lucro” de la educación (término moral que
enmascara y explica las utilidades del negocio como fin en sí mismo, más
aún en el capitalismo de vanguardia chileno). Aquí no se fundamentará
el contenido aspiracional de la demanda, ni sus requerimientos
provenientes de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI y otras
instituciones mundiales que establecen la gramática jurídica de la deuda
sin fin y la mantención del actual orden de las cosas. Aquí únicamente
se reproducirá el resultado de las investigaciones del Observatorio
Chileno de Políticas educativas, http://www.opech.cl/, realizado junto a
otras entidades reflexivas y críticas de la materia:
“Propuesta de Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública:
El
debate educativo actual tiene varias aristas que complejizan su
compresión por parte de la ciudadanía. Principalmente, presenciamos las
maniobras del gobierno de la Nueva Mayoría que ha planteado
modificaciones y anuncios desarticulados que sólo permiten hacer
análisis parciales. Por otra parte, las medidas aisladas, aunque afirman
fortalecer la educación pública, lo hacen desde una interpretación tan
ambigua de “lo público”, que terminan fortaleciendo el supuesto “aporte
público” de los establecimientos privados.
A nivel comunicacional,
el gobierno ha concentrado su discurso en defensa de la libertad de
elección, la libertad de enseñanza y un sistema de provisión mixta. Este
argumento es ahistórico y conservador. En la práctica, consagra la
extinción de la educación pública que se inició desde principios de los
años 80 y que fue intensificada bajo los gobiernos de la Concertación.
Si bien en
Chile siempre ha estado presente la educación privada, el
sistema educativo previo a la instalación de la dictadura era
preferente y mayoritariamente público.
Existe amplia evidencia que
el sistema escolar está altamente segregado, que continúa el declive de
la matrícula y de establecimientos de la educación municipalizada y, de
forma paralela, se aumenta y fortalece la oferta privada. Además, se ha
desdibujado un proyecto educativo público, inclusivo, integral y con
pertinencia social en las escuelas municipales. En reemplazo se
consolida uno competitivo, estandarizado y segregador, que invade
incluso al sistema municipal. Es por esto que se torna relevante señalar
que no hay una educación pública que defender, sino una educación
pública que debemos reconstruir.
Existe una falta de perspectiva
sobre dónde debiese apostar un proceso de reconstrucción de lo Público.
El gobierno ha generado llamados a “participar” que son abstractos,
improvisados, y desconocen la historia de organización y de generación
de propuestas del movimiento social.
Nos encontramos frente a dos
agendas. Una, de carácter formal, establecida principalmente por el
Ministerio de Educación, pero también instalada por los centros de
opinión pública, partidos políticos y, en general, por la elite
religiosa y empresarial que se encuentra tanto dentro como fuera del
espacio educativo y que a su vez hacen parte del gobierno. Por otro
lado, los movimientos sociales han levantado otra agenda con criterios y
propuestas para la construcción de una educación pública que sea
pertinente para las mayorías.
Algunas Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública:
Desde
la experiencia de los actores sociales movilizados, hemos recopilado
una serie de propuestas esenciales para fortalecer la educación pública,
pero no de cualquier tipo, sino aquella que sea pertinente para las
comunidades, participativa, democrática e inclusiva y que derechamente
confronte la hegemonía neoliberal.
1. Descentralizar y
territorializar la nueva educación pública. Esto implica contar con la
institucionalidad adecuada que permita implementar las políticas
educativas a cada contexto, y cuente con las condiciones para dar
respuesta rápida y oportuna a las necesidades educativas de cada
localidad y, al mismo tiempo, facilite la participación activa de la
comunidad educativa en las definiciones curriculares, de gestión y
administración en cada establecimiento.
2. Refundar una educación
pública participativa. Es necesario eliminar todas las trabas a la
participación: en el caso de la educación básica y secundaria, se deben
modificar los consejos escolares, para que se tornen resolutivos; para
el caso de la educación terciaria, se deben derogar los decretos que
inhiben la participación. En ambos casos, es primordial construir todas
las condiciones para garantizar una participación efectiva. Es
importante superar la idea de la participación formal y apostar a una
participación sustantiva, democrática, verificable, con control
comunitario. Para ello es fundamental construir condiciones para la
participación, es decir, otorgar los espacios de deliberación, con la
representatividad adecuada de todos los miembros de la comunidad
educativa, financiamiento y tiempo adecuado, para generar espacios
realmente resolutivos.
3. Generar una educación pública que sea de
construcción colectiva y propuesta permanente, en contraposición a
soluciones tecnocráticas desvinculadas de la realidad local. En este
sentido, proponemos que debiera levantarse un debate amplio y
constituyente de la educación, permanente y legitimado desde el plano
local, que se pronuncie sobre temas como: el significado de la libertad
de enseñanza, los alcances del derecho a la educación, y el proyecto
educativo nacional, el rol del Estado, entre otros temas.
4.
Construir un nuevo currículum para la Educación pública. Esto conlleva
deliberación y reflexión con las grandes mayorías. Debe referirse a qué
tipo de ser humano y qué tipo de convivencia se pretende en la escuela y
en el conjunto de la sociedad. Un currículum fruto de este proceso de
trabajo con las comunidades debe ser de carácter situado, pertinente,
integral y en permanente revisión y discusión.
5. Construir un
sistema nacional articulado en todos sus niveles, desde la educación
parvularia hasta la educación superior. Esto va en contra de la idea de
mercantilización y la fragmentación educacional, que permite un amplio,
diverso, y complejo negocio educativo, en todas sus etapas y áreas de
especialización. Además, un sistema educacional de estas características
permite que las luchas y movilizaciones se hagan desde la unidad de los
trabajadores y estudiantes y no solamente de manera gremial o aislada.
6.
Desestandarizar la educación. Eliminar el SIMCE, porque es una medida
de competencia en el mercado, y para el control gerencial de los
colegios y los actores educativos. Es necesario cambiar el paradigma
actual que se sostiene sobre la base de mecanismos de estandarización
que instrumentalizan el conocimiento en función de valores e intereses
neoliberales.
7. Desmercantilizar la educación. Eliminar la
concepción de que la educación es un servicio y reposicionarla como un
derecho social. De esta manera, se eliminará la competencia entre las
escuelas por una lógica de colaboración. Entre otras medidas esto
implica, eliminar las ATE, ya que el Estado debe construir un sistema de
apoyo institucionalizado y permanente. Es necesario superar la lógica
mercantil en todas las instituciones educativas, incluyendo las
estatales en sus diversos niveles. Esto implica fiscalizar y finalmente
eliminar los grandes negocios presentes hoy en la educación pública:
editoriales, empresas de alimentación, constructoras, etc.
8. Generar
una Educación inclusiva y no discriminadora. Esto se traduce, entre
otras iniciativas, en que ningún establecimiento educacional pueda
seleccionar, en base a su proyecto educativo, exigencias económicas u
otras medidas segregadoras. La educación pública no puede permitir las
escuelas segregadas por género; tampoco se puede permitir la
discriminación de género tanto en las relaciones interpersonales como en
el contenido o materias curriculares.
9. Eliminar los mecanismos
secundarios de selección, como la organización de cursos en relación al
rendimiento académico. A su vez y en un mediano plazo, cada escuela
pública debiese garantizar las condiciones de infraestructura y equipo
humano disponibles para los y las estudiantes con necesidades educativas
especiales y proyectos que incorporen adecuadamente procesos de
educación intercultural, que respeten las tradiciones, valores,
diversidad, identidad, y cultura de cada pueblo, incluidos los
inmigrantes.
10. Fortalecer la formación docente y mejorar las
condiciones de trabajo. Algunas medidas son: disminuir las horas
lectivas, elevar los salarios, establecer una carrera única de
profesores de Estado. Es fundamental restituir la deuda histórica en su
sentido amplio: además del justo e ineludible reparo económico, se deben
abordar temas como la imagen social de los profesionales de la
educación, una estructura de apoyo permanente a los docentes,
particularmente en las problemáticas de salud laboral de los
trabajadores de la educación.
Por otra parte, un buen camino que
apunte a la unidad de los trabajadores de la educación es que el Colegio
de Profesores deje de ser una organización meramente gremial, para
convertirse en una unión sindical de trabajadores de la educación.
11.
Cambiar el modelo de financiamiento de subvención a la demanda, por uno
basal a colegios públicos, que cubra los costos reales y de acuerdo a
las necesidades de cada comunidad educativa. Por ejemplo, los colegios
rurales y de localidades aisladas, así como las escuelas
urbano–populares en contextos complejos requieren más recursos que los
actuales. De forma paralela se deben congelar los aportes del Estado a
instituciones privadas y en caso de recibir financiamiento público,
estas instituciones deben cumplir una serie de exigencias y ser
susceptibles de ser fiscalizados por Contraloría en el uso de sus
recursos, ya que éstos provienen del Estado. Hoy no puede haber el mismo
trato entre la educación pública y la particular subvencionada: por
ello, dentro de las medidas urgentes, es importante eliminar las
donaciones empresariales con fines educacionales, ya que éstas
fortalecen sólo a un grupo.
12. Creación de Institutos Profesionales
y Centros de Formación Técnica Estatales. En este sentido, INACAP
debiera volver al Estado, ya que le fue arrebatado a éste en la década
de los 80 y entregado a grupos vinculados al gran empresariado,
representados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
Asimismo, los 70 Liceos Técnico Profesionales traspasados según el
Decreto 3166 a corporaciones empresariales en esos mismos años debieran
volver a la Administración del Estado (MINEDUC). Se debe además, formar
profesores especialistas para la Educación Media Técnico Profesional.
Además, es necesaria también la articulación entre la enseñanza media
técnico profesional y la formación técnica superior.
13. Incorporar,
como parte de un nuevo sistema de educación pública, un financiamiento
permanente a las iniciativas autogestionarias de educación popular, muy
extendidas actualmente en el país. Estas alternativas son un hecho y
contribuyen significativamente a la recomposición del tejido social. Si
la Iglesia y el empresariado reciben dinero del Estado para educar, ¿por
qué no las organizaciones populares?
Ninguna de estas propuestas,
por sí sola, basta para que sea considerada como válida. Hemos sido
testigos de la estrategia de la clase dirigente de extraer el título de
alguna iniciativa, de forma aislada, pero además cambiando el contenido y
propósito, para mostrarse a favor de las demandas de los movimientos
educativos y sociales.
Por otra parte, es imprescindible que estas propuestas sean continuamente debatidas y deliberadas.
Ante
las acciones de la Nueva Mayoría de englobar a las iniciativas
legislativas como reformas, que se deciden en el aquí y ahora. La
apuesta es a seguir trazando un horizonte en el que a la educación se le
quite su carácter mercantil y se reconstruya una Educación Pública para
las actuales necesidades de las mayorías.”
6. Tampoco es asunto
nuevo que el sindicalismo en Chile se encuentra en bancarrota desde los
primeros días del golpe de Estado de 1973. Lo interesante para
comprender la actualidad es la información ofrecida por el Centre for
Social Conflict and Cohesión Studies (COES) y su Boletín Nº 2 de huelgas
laborales correspondiente al cuatrimestre de mayo-agosto de 2014. Allí
se indica que en el período acotado, ha habido un 62.6% de huelgas
legales y un 34.7% de huelgas ilegales. El Boletín afirma que “la huelga
ilegal ha sido mucho más convocante en términos de masas trabajadoras
involucradas que la huelga legal (tanto a nivel de sumatoria, como a
nivel del promedio por cada acción huelguística)”, y que “la Región
Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de eventos
huelguísticos con un 54% del total, seguida por los tipos de huelgas
multi-regionales con un 7.3% y las regiones de Valparaíso y Bio- Bío,
ambas con un 6.6%”.
Asimismo, el informe dice que “las huelgas de
este periodo se sitúan principalmente en las ramas de Industrias
manufactureras y de Enseñanza (16.2% en ambos casos), en Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (15.5%); y en Comercio (14.8%). Ahora
bien, al desagregar las huelgas por su condición de legalidad en cada
rama de actividad económica, podemos apreciar una distinta composición
entre ellas: las huelgas legales se concentraron principalmente en la
Industrias manufactureras (26.1%), Comercio (20.5%) y Enseñanza (12.5%),
mientras que las ilegales se produjeron en mayor medida en el
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (29.6%), Enseñanza (2.2%) y
Servicios sociales y de salud (2.2%)”. Y añade que “la concentración de
huelgas se ubica en la gran empresa por amplio margen, con un 79%;
seguida por la mediana empresa, con el 14% de los casos. Este porcentaje
decreciente de eventos huelguísticos según el tamaño de empresa se
corrobora con la tesis recurrente dentro de los estudios sindicales, a
saber, que el sindicalismo chileno se concentra mayoritariamente en la
gran empresa”.
Sobre las tácticas de lucha de los trabajadores/as, el
estudio expresa que “hay una primacía de la marcha con un 23% del total
de tácticas, seguida de los cortes de ruta (15%) y de las
manifestaciones o movilizaciones (1%) en lugares específicos. Es
importante destacar que la cantidad de tácticas presenta bastante
variedad: se registraron 18 tipos en total; cuestión donde hay presencia
de tácticas bastante convencionales (tácticas judiciales, conferencias
de prensa, asambleas, huelga de brazos caídos), otras más artísticas
(coros, cánticos, etc.), otras más disruptivas (cortes de ruta, piquetes
externos), hasta algunas incluso autodestructivas (huelgas de hambre)”.
Respecto de los “Aliados del sindicalismo, del total de huelgas
registradas en el cuatrimestre, tan solo en un 12.9% se expresó la
presencia de un grupo que apoyaba la huelga, vale decir, el sindicalismo
se encuentra generalmente aislado a la hora de presentar esta forma de
conflictividad. Aún más, un 31.6% de las huelgas que recibieron apoyo
fue de parte de trabajadores no vinculados directamente con el paro. En
más de la mitad de los casos los aliados fueron estudiantes y sólo un
10,5% fueron autoridades públicas (diputados, por ejemplo)”.
Finalmente,
el Boletín concluye que existe “un fenómeno estructural del desigual
poder entre los factores de capital y trabajo en las relaciones
laborales, en el momento en que dicha normalidad sociolaboral se torna
un conflicto abierto y, en específico, con una paralización deliberada
de la producción por parte de una organización de trabajadores
–típicamente el “sindicato” formal, mas no necesariamente-. Aunque la
extensión del sindicalismo nacional sea muy escasa en comparación al
conjunto de trabajadores del país y, de forma más acentuada aún, el
fenómeno de la huelga sea también escaso en relación al conjunto los
sindicatos, es relevante estudiar esta forma de acción excepcional a la
normalidad productiva, toda vez que ella rompe de forma explícita y
organizada con ésta. (…) El fenómeno en sí reviste suficiente
importancia como para comprender, con esta las tendencias actuales en el
quehacer de los trabajadores/as. En el contexto de las nuevas
tendencias sectoriales, destaca la rama económica de comercio con un
buen porcentaje de huelgas realizadas y, asimismo, con una fuerte
potencia en cuanto DHTP, algo poco común en su dinámica de las últimas
décadas. La rama que más destaca en DHTP, eso sí, es la enseñanza, con
un ya consolidado movimiento de trabajadores. Pero destacan también
entre las debilidades de la huelga chilena: (a) el que se realiza con
una alta concentración a nivel regional –predomina por lejos la
actividad en la Región Metropolitana; y más profundamente, (b) que lo
hace con una muy excesiva concentración en la mediana y gran empresa, al
reflejar necesariamente el gran déficit de la fisonomía del
sindicalismo nacional, a saber: aún no capaz de organizarse ‘por arriba’
y ‘entre’ la avanzada fragmentación productiva, lo cual tiene a los
trabajadores con escasa cohesión social y tan dispersos hoy entre
múltiples etapas de trabajo, tipos de oficios y localizaciones
productivas.
Por último, y de modo transversal a todas estas
variables, se observa que la tendencia chilena a mantener un buen número
de huelgas ilegales, manifiesta algo poco común para los chilenos/as:
actuar en disconformidad o ajenos a la institucionalidad”.
Los datos
entregados son madera para otro fogón, pero ya por sí mismos grafican
la situación y movimiento real de los asalariados/as organizados,
materia prima para los activos anticapitalistas en acción.
7. En
medio de la noche cerrada del planeta capitalista y sus modos nacionales
en Chile, ahora se recrea el combate por la libertad y la igualdad, por
la estrategia de socializar todos los aspectos de la vida, ya no como
si el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubieran realizado su labor de
manera incompleta, y sólo bastara resetear de manera corregida esos
empeños para estar más cerca de la victoria. Todos y cada uno de esos
emprendimientos políticos tuvieron un contexto de producción que
objetivamente no rima con la actual fase del capitalismo y sus
contradicciones. Fueron productos políticos de su tiempo: sólo allí se
explican sus conquistas y también sus límites. La realidad juzga su
comportamiento político de manera implacable. Cualquier reivindicación
que escape al homenaje y al aprendizaje obligado poli-éticamente de sus
conductas históricamente enmarcadas, es puro fetichismo, cosificación,
melancolía, pasado.
El nuevo instrumental político de la revolución
chilena se encuentra en su momento fundacional, prometeico. Enfrenta
todas las adversidades y todos los desafíos otra vez, y en condiciones
de altísima incertidumbre. Ese es su signo, la estatura de su horizonte y
su naturaleza épica.
