(Colectivo Avanzar)
Inevitablemente para explicar los hechos del 26 de junio, es necesario remitirse a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre hizo crisis el modelo neoliberal post dictadura, impulsado por el FMI, que provocó, principalmente, la destrucción de la industria local, causando la triplicación de los índices de desocupación y la caída en picada de los salarios, causando un enorme aumento de la miseria y el hambre.
Pero, la gota que rebalsó el vaso del humor social se produce cuando el presidente Fernando de la Rúa anuncia el fin de la convertibilidad (paridad dólar - peso) y ante el temor de que esto produzca una fuga de capitales de los bancos, el gobierno decide, en concordancia con los banqueros, impedir esa huída y, paralelamente, la transformación mágica de los depósitos en dólares a pesos, con la reducción por tres de los mismos, violando todas las leyes existentes.
Sucede, entonces, el gran estallido popular, al grito de “que se vayan todos”, que expresaba un total repudio a la dirigencia política y que incluía también a los medios masivos de comunicación, quienes se habían hecho eco de los discursos oficiales. Una frase muy original apareció pintada en las paredes de la ciudad: “Nos mean y dicen que llueve”.
Junto a la consigna del “que se vayan todos”, se repetía por esos días la consigna unitaria “piquetes, cacerolas, la lucha es una sola”.
El presidente Fernando de la Rúa decretó el nefasto estado de sitio, lo que desató una dura represión a los manifestantes, en
especial, en la plaza de Mayo y sus alrededores, con un saldo de 35 muertos.
Estos acontecimientos determinaron la caída de Fernando de la Rúa y su conocida huída de la casa de gobierno en helicóptero.
Pero la crisis y la bronca social no se detuvieron y se suceden cinco presidentes en una semana. La sociedad estaba fuertemente movilizada: marchas, escraches a políticos, cientos de asambleas populares en plazas, esquinas, barrios y un reclamo cotidiano ante la puerta de los bancos por la devolución de los depósitos.
La inestabilidad política era muy fuerte y los sectores de poder empezaron a buscar algún dirigente político que pudiera aunque sea momentáneamente superar “la crisis de gobernabilidad” que ponía en peligro los planes del FMI y de los grandes grupos económicos locales.
En este escenario político-social aparece la figura de Eduardo Duhalde, referente político del peronismo que, fundamentalmente, capitanea la provincia de Buenos Aires, especialmente el núcleo vital del conurbano, con su aparato de “punteros”, en buena parte de los barrios más populosos y empobrecidos.
Pero Duhalde, quien fuera vicepresidente de Menem del `89 al `95 y, por lo tanto, cómplice de todas las medidas económicas de la Segunda década Infame (como se conoce a las dos presidencias menemistas que abarcan la década que va de 1989 a 1999. La primera década infame, década del `30, se la denomina así por la represión impresionante al movimiento obrero).
Durante los meses siguientes las movilizaciones continuaron, en especial, con la participación numerosa de los movimientos de trabajadores desocupados, llamados “piqueteros”, por su método de lucha: el piquete o corte de ruta o calle.
Es en este marco socio-político, económico y social que se suceden los hechos el 26 de Junio del 2002 en el Puente Pueyrredón
El gobierno de Duhalde, presionado por los sectores empresariales, representantes políticos de la derecha argentina y funcionarios de los organismos internacionales que reclaman el fin de las protestas y la seguridad jurídica para las inversiones, decide aplicar un fuerte escarmiento, es decir, reprimir duramente para producir, de esta manera, el miedo social a la protesta. Con este objetivo y con acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, armaron una verdadera encerrona en la zona del puente y alrededorres y desataron una salvaje represión y cacería humana y el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
El repudio social generalizado a la represión y a los asesinatos de los jóvenes luchadores, obligó a Duhalde a llamar urgente a elecciones anticipadas. Tal anuncio, declarado días antes de imposible, innecesario, o no oportuno, constituye ante la nueva coyuntura social una forma disimulada de su renuncia.
El gobierno kirchnerista que sucedió hasta la fecha al duhaldismo, (Kirchner y la inefable Cristina apoyaron a Menem y la privatización de YPF), fue el que más comprendió que la crisis del 2001 no había concluido y que para lograr mantener la “gobernabilidad” era imprescindible implementar las conocidas políticas gatopardistas: cambiar algo para que todo siga igual, es decir, ceder algo, hacer algunas concesiones ante los insistentes reclamos, para así no arriesgar a perderlo todo y lograr frenar las luchas.
Por cierto que es necesario reconocer que por la falta de un proyecto transformador y la creación de una fuerza unitaria alternativa capaz de llevarlo a cabo, se abrió la posibilidad de que el poder dominante recuperara su cuestionada hegemonía por el importante crecimiento de la conflictividad social.
Claro que al no solucionar los problemas de fondo, estructurales, el círculo se está otra vez cerrando, con el agravante de estar sumidos en la actualidad en un mundo que padece una de las peores crisis capitalistas.
En consecuencia, los luchadores populares estamos nuevamente ante el desafío histórico de plantearnos una auténtica salida de esta grave situación, impidiendo como se pretende nuevamente, que la crisis la paguen los pueblos, por ejemplo otorgando aumentos de salarios que no son tal, porque están en general por debajo de la inflación, que ya supera el 25%, o haciéndole pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ni que hablar de los jubilados, puesto que aproximadamente el 75% recibe un ingreso mínimo mensual de $2.100, con los tan mentados aumentos periódicos que no son otra cosa que verdaderas limosnas. En definitiva, lo que está “congelado” y en retroceso es el ingreso de los laburantes, con la complicidad de la burocracia sindical empresarial. Por eso, lo fundamental de la lucha por un sindicalismo democrático y clasista.
Como siempre, todo esto acompañado con una mayor represión y por la vigencia de la ley antiterrorista, bien denominada ley terrorista contra el pueblo, directamente dirigida a criminalizar fuertemente la protesta social, tal como lo exigen los grupos económicos financieros internacionales y locales, el poder real, para seguir invirtiendo “en un país seguro”.
Por todo lo expresado, adherimos y participaremos en la marcha y acto del próximo 26 de este mes, en el Puente Pueyrredón, aprovechado al mismo tiempo para reiterar una sugerencia, para el debate colectivo, de un programa mínimo con el solo objetivo de contribuir desde nuestro humilde lugar a la construcción concreta de un fuerte bloque o frente de los trabajadores, ocupados y desocupados, y demás sectores populares, ( no una mera alianza electoralista), única forma posible de ir cambiando la aún desfavorable relación de fuerzas y poder comenzar a caminar decididamente hacia la edificación de una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, socialista.
- No al pago de la ilegal y fraudulenta deuda externa, comenzando a saldar la deuda interna con nuestro pueblo.
- Inmediato aumento de salarios y jubilaciones, teniendo en cuenta el costo actual de la canasta familiar, que oscila en los $7.600.
- Establecer el 82% móvil para los jubilados.
- Derogación del IVA y establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. (Los Bancos fueron los que más ganaron en el 2012). No al impuesto a las ganancias a los trabajadores.
- No al trabajo en negro o tercerizado. Respeto de la jornada de 8 hs. y su paulatina disminución a 7 hs., de manera de ir eliminando la desocupación abierta o encubierta con los planes “argentina trabaja”.
- Reestatización de las empresas privatizadas, bajo la dirección y control de los trabajadores.
- Defensa de la salud y la educación pública, con un considerable aumento del presupuesto para tal fin. Considerar a la salud, la educación, un trabajo digno, etc., como derechos humanos básicos.
- Recuperación de nuestras riquezas naturales y cuidado del medio ambiente. No a la minería “a cielo abierto” y realización de las obras hídricas necesarias para evitar inundaciones y desastres como en La Plata.
- Solidaridad con la Comunidad Qom y con todos los pueblos originarios, que son reprimidos y asesinados para seguirles robando sus tierras por la “patria sojera”, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
- Derogación de la ley antiterrorista y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
- Aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga.
La instalación de siete bases militares Norteamericanas y un vergonzoso tratado de Libre comercio, que anula cualquier posibilidad de supervivencia de grandes sectores del pueblo Colombiano, más un llamado Tratado de Paz con los grupos revolucionarios del país FARC Y ELN, que intentó neutralizar la respuesta de la guerrilla frente a la implementación de los acuerdos leoninos entre el imperio yanqui y un gobierno cipayo, sirven como telón de fondo, al estallido social que vive hoy la nación colombiana.
